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Examinando Maestrías por Programa "Maestría en Derecho Administrativo"
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Ítem Acciones jurídico-administrativas en el tratamiento de la drogadicción en los jóvenes de la ciudad de Barranquilla en el periodo de 2015 a 2019(Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2020) Rodríguez Rodríguez, Enilse Yulieth; Bravo Echeverry, Jorge MarioEl presente trabajo de grado aborda las acciones jurídico-administrativas en el tratamiento de la drogadicción en los jóvenes en la ciudad de Barranquilla durante el período 2015 a 2019. Toma como punto de partida, la finalidad social del Estado establecida en el artículo 2º superior. En los propósitos, ámbitos de aplicación y principios estipulados en el artículo 1º del CPACA, en los que debe prevalecer el interés general. El análisis, necesariamente aborda el cumulo de legislaciones promulgadas desde la ley 30 de 1986, hasta el decreto 1844 de 2018. De igual manera toca los pronunciamientos de la Honorable Corte Constitucional, a partir de la icónica sentencia C-221 de 1994, sobre la despenalización de la dosis personal. En el mismo sentido considera la postura actual del el gobierno colombiano, que pareciera ir por orillas diferentes, en el que mira el problema solo desde la perspectiva punible, desconociendo por el otro, los desarrollos jurisprudenciales que ha dado un manejo y tratamiento más integral al abordaje del consumo de drogas prohibidas. El trabajo de investigación pretende demostrar que durante el lapso comprendido entre los años 2015 a 2019, el porcentaje de jóvenes imbuidos en el mundo de las drogas alucinógenas en la ciudad de Barranquilla, ha ido en un desproporcionado aumento. Lo anterior, a pesar de la expedición de normativas encaminadas, precisamente a penalizar su consumo. La última de tales disposiciones como el decreto 1844 de 2018, que penaliza el porte y tenencia de la dosis mínima, que según el gobierno fue precisamente promulgado, para atacar el consumo de drogas en los jóvenes especialmente. Ante ello, el gobierno nacional deja de lado la percepción generalizada de que el problema de la drogadicción en los jóvenes, debe ser abordado desde una perspectiva integral, que involucre todos los estamentos de la sociedad.Ítem La administración pública frente a los postulados del estado social de derecho(Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2020) Misol Yepes, Mauricio De JesúsEn el presente se realiza una reflexión sobre las características y los cambios actuales en el Estado Social de Derecho y su proyección en la Administración pública que responda al modelo de Estado. En este sentido el Estado Social de Derecho se ubica en una posición más garantista en relación a los derechos de la persona humana, lo que define una identidad propia de la Administración pública de este modelo de Estado. Lo anterior resulta de gran valía en un contexto como el nuestro, en el que a pesar de la consagración positiva de amplio plexo de derechos fundamentales en la propia Constitución, y de la incorporación al ordenamiento jurídico interno de los derechos humanos contenidos en instrumentos internacionales por vía del bloque de constitucionalidad (C. P., Art. 93), estos derechos no son garantizados en debida forma, e incluso son vulnerados por las propias autoridades públicas, lo que lleva a pensar que el Estado colombiano ha incumplido las obligaciones que la misma Constitución le endilga.Ítem Afectación al principio autónomo del consentimiento informado desde la perspectiva del Consejo De Estado, Corte Constitucional y Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde el periodo de 2014 a 2020(Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2022) Jaimes Maldonado, Leidy Carolina; Castillo Galvis, Sebastian Hernando; Castillo Galvis, Sergio HernandoAntecedentes: El consentimiento informado surge en la relación entre paciente y médico, en la cual es el paciente quien tiene el papel protagónico en dicha relación, de la cual se generan obligaciones y derechos como aquel que asiste al paciente de recibir información oportuna y detallada sobre los procedimientos y tratamientos a los cuales será sometido, para que sea éste quien a partir de un conocimiento previo pueda tomar una decisión sobre su cuerpo; claro está que como toda regla general tiene su excepción y para el caso en concreto se menciona que el consentimiento informado podrá ser omitido en los casos de urgencia vital. (De Brigard, 2004) A partir de ello, se observa que el consentimiento informado es un deber que no puede ser omitido de ninguna manera ya que vulnera el derecho del paciente a escoger el tratamiento y/o procedimiento de manera libre e informada y que en consonancia conlleva al quebrantamiento del principio de la dignidad humana como principio orientador del Estado Social de Derecho constituido a partir de la constitución de 1991. Objetivos: El objetivo general del proyecto de investigación consistió en analizar la afectación al principio autónomo del consentimiento informado desde la perspectiva del Consejo De Estado, Corte Constitucional y Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde el periodo de 2014 a 2020. Para el correcto desarrollo del objetivo general fue necesario establecer tres objetivo específicos los cuales fueron: i) Estudiar el desarrollo jurisprudencial del principio autónomo del consentimiento informado en la prestación de servicios de salud y su alcance. ii) Establecer los elementos del daño de la afectación al principio autónomo del consentimiento informado a partir de la jurisprudencia del Consejo de Estado; y iii) Identificar las subreglas o elementos en la configuración del daño por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en escenarios relacionados con el consentimiento informado. Metodología: El presente trabajo se realizó a partir de una investigación socio - jurídica toda vez que el objeto de conocimiento es la jurisprudencia de la Corte Constitucional, Consejo de Estado y Corte Interamericana de Derechos humanos de los años 2014 – 2020, en relación con su interpretación y aplicación a casos particulares, así como sus deficiencias y omisiones. Además, se parte del derecho en el ámbito social en relación a sus condiciones y efectos. Esta forma de investigación se encuentra estipulada por Duque, et al. (2018) quienes añaden que lo que se busca es que sean investigados los asuntos de la realidad social en relación con los sujetos que intervienen en la investigación. Resultados: La Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que el consentimiento informado es un principio autónomo en el cual su efectivización lo relaciona directamente con la materialización de múltiples derechos fundamentales. A partir del análisis jurisprudencial que se ha realizado por parte de la sentencia de la Corte Constitucional, se pretende desatacar que a través de la Sentencia C -405 de 2016 se realiza un especial hincapié en el carácter de vinculatoriedad de los principios de autonomía y su relación directa con el principio autónomo del consentimiento informado, señalando la particularidad de que no pueden ser considerados absolutos destacando nuevamente la teoría de la ponderación de Alexy (1993) en el que uno de los mayores precursores del estudio de los principios legales señala que en múltiples momentos puede existir una colisión entre ellos por tal motivo la necesidad de asignarle unos pesos y aunque bien, está teoría sigue siendo objeto de estudio, no cabe duda que es una gran herramienta que incluso ha sido adoptada por la Corte Constitucional y es que, este principio al tener una estructura tan abstracta, su aplicación en caso de una disyuntiva debe tener un proceso lógico bastante profundo, totalmente contrario a una regla en el que simplemente se utilizan la priorización del principio de legalidad del ordenamiento jurídico colombiano. Un análisis adecuado de los elementos del daño (condiciones de existencia del perjuicio) va a permitir que se eviten errores que se presentan con gran frecuencia tales como, las causales que se encuentran permitidas legal y jurisprudencialmente tales como las causales que permiten realizar un procedimiento sin el consentimiento del paciente, casos que son específicos y que se deben encontrar debidamente soportados. Un ejemplo claro de ello es cuando el paciente se encuentra en medio de una intervención quirúrgica de emergencia, en la que como consecuencia de ello se encuentra en un estado inconsciente bien sea por criterios de anestesia o cualquier otra situación. En estos casos el Consejo de Estado (2017) ha sido enfático al manifestar que cuando el médico encuentre la urgencia de realizar una operación a un paciente que se encuentra en estado inconsciente y dicho procedimiento resulta imprescindible resultaría contrario a una práctica adecuada de la medicina impedir tal procedimiento por falta del consentimiento informado, haciendo la salvedad que el máximo tribunal de lo contencioso administrativo manifiesta la importancia de que en caso de que estén presentes los familiares reciban autorización de ellos. Conclusiones: Teniendo en cuenta el Control de Convencionalidad existente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto al bloque de constitucionalidad en sentido estricto Colombia debe trabajar de forma armónica con los postulado de la Convención y a partir de ello se observa en la jurisprudencia de la CIDH que el consentimiento informado es catalogado como un Derecho Humano de especial protección y su omisión o inadecuada realización conlleva un daño antijurídico a reparar. El modelo paternalista del médico que anteriormente existía ha perdido total vigencia en razón que el paciente en la relación médico – paciente tiene una connotación protagónica y prueba de ello es la importancia de su consentimiento para la realización de cualquier tratamiento o procedimiento. Respecto a la Jurisprudencia del Consejo de Estado se encuentra que establece como régimen de imputación subjetivo por falencias en el Consentimiento Informado como una falla en el servicio, tratándose de responsabilidad médica.Ítem Alcance material del principio de la confianza legítima en el Derecho administrativo colombiano desde la entrada en vigencia de la constitución política de 1991(Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2022) Andrade Saavedra, Adriana Rosa; Torres Hernández, Omar Alfredo; Rodríguez Serpa, FerneyDentro del ordenamiento jurídico colombiano, hay un principio que no se encuentra tácitamente establecido en la legislación nacional y cuyo desarrollo ha sido eminentemente jurisprudencial, el principio de la confianza legítima. Su esencia es de principio Constitucional pues su desarrollo está estrechamente ligado al principio de la buena fe, al principio de seguridad jurídica y la protección de los derechos fundamentales de los administrados. Este principio ha sido definido y desarrollado dentro de la jurisprudencia nacional como aquella premisa consistente en que las actuaciones administrativas en general, cuando impliquen un cambio en situaciones jurídicas afianzadas, no pueden producir efectos abruptos y lesivos a los intereses de los administrados, por lo que las mismas deben observar un período de transición razonable, un plazo para que los administrados se preparen y atemperen ante las nuevas regulaciones y sus efectos. Al producirse un caso típico en que la confianza legítima debe ser protegida es preciso verificar la existencia de unos presupuestos de acuerdo a lo que se ha establecido doctrinal y jurisprudencialmente. Quien deba decidir entonces sobre la procedencia de su aplicación; se enfrentará siempre a una tensión entre lo establecido en el ordenamiento y la configuración de la vulneración a la confianza legítima, que le debe demostrar la realidad fáctica del caso. Su evolución ha sido eminentemente jurisprudencial, definido como derivado de la buena fe y al principio de seguridad jurídica; sin lugar a ninguna duda, un principio al que se le ha otorgado trascendental importancia por lo que en la actualidad es un tema relevante de estudio para el mundo del derecho administrativo. Sin embargo, como se trata de un principio novedoso, y de reciente desarrollo dentro de la jurisprudencia nacional es necesario determinar cuál es el alcance material del principio de confianza legítima en el sistema jurídico colombiano desde la entrada en vigencia de la constitución política de 1991. En ese sentido, esta investigación, tiene una gran relevancia en el área del derecho administrativo resaltando este principio que persigue enriquecer esa área del derecho, determinando el alcance material del principio de la confianza legítima, que debe ser orientador de la función pública, presentado una gran contribución a los administrados en general dentro del ámbito nacional y a quienes ejercen tutela administrativa y administran justicia, pues los resultados de esta investigación les permitirán identificar en qué casos pueden invocarlo, o protegerlo gracias a la delimitación de su alcance material.Ítem Análisis al impacto del proceso de planeación territorial en la dinámica de la gestión pública en la zona de frontera. Caso municipios de Villa del Rosario y Puerto Santander(Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2022) Corzo Molina, Jhon Jairo; Jaimes Villamiza, Juan PabloAntecedentes: En planificación es necesario realizar un diagnóstico mediante las estadísticas entregadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y seguir las directrices estipuladas por el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Es necesario dejar claro que la planificación del desarrollo va más allá de generar condiciones necesarias para conseguir un crecimiento económico estable, lo que busca es disminuir las necesidades de la población, cruzando la frontera de lo meramente económico. A su vez, entendiendo que, para instaurar el proceso de planificación, se debe tener en cuenta que cada territorio tiene potencialidades y necesidades diferentes. Objetivos: Analizar el impacto del estado del proceso de planificación en Colombia contenido en la ley 152 de 1994, sobre las condiciones diferenciales de desarrollo de los territorios de frontera a partir de la lógica de la investigación socio-jurídica. Caso municipios de Villa del Rosario y Puerto Santander, Norte de Santander Materiales y Métodos: Se proponen como fundamento metodológico de la acción de investigación dos categorías de análisis principales y desde los cuales se definen los indicadores de trabajo. Estas categorías y subcategorías son la base para la definición y aplicación de los instrumentos de investigación. Para avanzar en el análisis del efecto del proceso planificador en Colombia, contenido en la Ley 152 de 1994, sobre las condiciones diferenciales de desarrollo de los territorios de frontera; desde la lógica de la investigación socio jurídico para las municipalidades de Villa del Rosario y Puerto Santander. Resultados: De forma general, se puede deducir que técnicamente hay un esfuerzo por parte de los territorios para planear su desarrollo, pero ese esfuerzo no se ve reflejado en los diagnósticos y en las estrategias propuestas. Por ejemplo, en el municipio de Villa del Rosario, se hace un diagnóstico únicamente con las fuentes información secundaria, por lo que hace falta la participación ciudadana; que es la fuente de información primaria. En el caso del municipio de Puerto Santander, se evidencia participación de la ciudadanía, lo cual lleva a un diagnostico mejor elaborado. Por su parte, en la elaboración de las estrategias se evidencia una falta de compromiso, y el uso políticas provenientes de la planeación nacional; esto puede deberse al bajo desempeño fiscal de las municipalidades, ya que las estrategias estarán dirigidas únicamente hacia los sectores que tienen recursos del nivel nacional. Conclusiones: La planeación del desarrollo, se ha convertido en un instrumento que los países tienen para fijar unos objetivos, cuyo cumplimiento, en teoría inevitablemente mejorará el bienestar de su población. En Colombia, la planeación después de 1991 ha estado dirigida a la descentralización. La Ley 152 de 1994, establece los lineamientos para la formulación y evaluación del plan de desarrollo nacional y la forma en la que serán elaborados los planes de desarrollo de las municipalidades y departamentos. Ante lo anterior, es de resaltar que después de la liberalización a la que Colombia se sometió a partir de 1991, con el consenso de Washington y las reformas estructurales para aumentar el crecimiento y teóricamente mejorar bienestar de la población del país; y la constituyente de 1991, abolieron la centralización y en su lugar instauraron la descentralización. Ante lo anterior, desde entonces ha tratado de hacerse una descentralización fiscal, administrativa y económica; y dentro de estos, la planeación del desarrollo, ya que cada municipio debe planear su desarrollo. . Las estrategias planteadas por las administraciones de los municipios; en primer lugar, son poco ambiciosas; y en segundo lugar, son acciones tradicionales, es decir, son políticas que se han llevado a cabo de forma similar en otras localidades; lo cual es un grave error ya que se deben genera políticas acorde a las características innatas de estos municipiosÍtem Análisis de la aplicación de los núcleos de apoyo contable y fiscal (NAF) por parte de la DIAN seccional Cúcuta desde el derecho comparado en Latinoamérica(Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2021) Bernate Leon, Estefania Zoraida; Camargo Eslava, Sergio; Aguilar Barreto, Andrea JohanaLa presente investigación está orientada a analizar la aplicación de los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal (NAF) por parte de la DIAN -Seccional Cúcuta desde el derecho comparado en la legislación latinoamericana. Teniendo en cuenta que, son espacios de atención permanente, en los que estudiantes y docentes, previamente capacitados por la DIAN, ofrecen sin ningún costo, orientación básica en materia fiscal a personas naturales minoristas y jurídicas mipymes para que puedan formalizar su actividad empresarial y que no cuentan con la posibilidad económica de contratar una asesoría tributaria. En este sentido, surgió el siguiente interrogante ¿Cuáles son los elementos que fundamentan la aplicación de núcleos de apoyo contable y fiscal (NIF) por parte de la DIAN seccional Cúcuta, desde el derecho comparado en la legislación latinoamericana? Con la finalidad de combatir la evasión de impuestos y dar cumplimiento a los deberes tributarios, aduaneros y cambiarios, contribuyendo de esta manera a la seguridad fiscal del Estado. La metodología empleada en el desarrollo de la investigación tuvo un enfoque cualitativo, eminentemente histórico- hermenéutico, ya que no se recurrió a datos estadísticos para el desarrollo del objetivo propuesto, en el cual se aplicaron técnicas como la entrevista y el fichaje, en donde no solo se busca hacer una revisión documental, pues se tienen presente la información suministrada por los informantes clave. permitiendo a los estudiantes en proceso de formación afianzar y fortalecer los conocimientos adquiridos en el proceso de formación, de manera que, puedan afrontar situaciones reales que surgen habitualmente en los contribuyentes.Ítem Análisis de la evolución jurídica del debido proceso en materia electoral en Colombia desde la Constitución de 1991(Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2021) Niño Caceres, Arles Jose; Montaguth Villamizar, Giovanny; Urbina Moncada, Alvaro De Jesus; Aguilar Barreto, Andrea JohanaLa investigación tuvo por objetivo principal el análisis de la evolución jurídica del principio del debido proceso en el escenario electoral dentro del ordenamiento jurídico colombiano, tomando como aspectos teóricos los fundamentos conceptuales del debido proceso y su universalización en cada ámbito del estado, así como elementos teóricos propios del contexto electoral, principalmente colombiano. Se desarrolló una metodología basada en el paradigma histórico jurídica, con un enfoque cualitativo con diseño hermenéutico documental, donde se compararon aspectos propios de la Ley 2241 de 1986 y el proyecto de Ley 234 del 2020, los resultados obtenidos permitieron concluir que la comprensión de la trascendencia y alcances del principio del debido proceso en el marco de garantías del proceso electoral en Colombia, se plantea como un elemento fundamental que debe estar enmarcado en los principios del Código electoral y debe estar alineado y presente en cada uno de los procedimientos administrativos del sistema electoral, se ha reconocido en este trabajo que el debido proceso es un principio universal en el marco de los sistemas estatales, y en las democracias es un principio fundamental que da garantías en cada ámbito del estado y en la acción administrativa de seguridad y justiciaÍtem Análisis de la participación política de la mujer, en escenarios de elección popular, en el municipio de San José de Cúcuta(Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2021) Cepeda Basto, Wilmar Manuel; Sepúlveda Yaruro, Laura Yesenia; Aguilar Barreto, Clara Paola; Aguilar Barreto, Andrea JohanaLa investigación para analizar el cumplimiento de la Ley 1475 de 2011 respecto a la participación política de la mujer en el escenario de elección popular, del Municipio de San José de Cúcuta entre los años 2012 – 2020, propendió por categorizar el desarrollo normativo de la participación efectiva de la mujer en el escenario de elección popular, en el municipio de Cúcuta en el lapso de 2012 – 2020, así como distinguir la percepción de las mujeres líderes, candidatas al Concejo Municipal frente al liderazgo y participación de los partidos en el respaldo a la mujer en escenarios electorales políticos en el municipio de Cúcuta, durante 2012 – 2020, y, definir algunos criterios tendientes a favorecer la aplicación de la Ley 1475 de 2011 respecto a la participación política de la mujer en Colombia. La investigación está enmarcada en el paradigma histórico – hermenéutico, su enfoque es cualitativo, el tipo de estudio es descriptivo, y las fuentes de información fueron seis mujeres que han participado en el escenario electoral del Municipio de San José de Cúcuta en los años 2012-2020, así como los formularios E-24 y E-24 de los resultados del escrutinio de las elecciones al Concejo de Cúcuta de los años 2015 y 2019 de la Registraduría Nacional del Estado Civil.Ítem Análisis de la responsabilidad del estado frente a la prestación del servicio de salud, en el Hospital San Juan de Dios de Pamplona, N. de S. y Medimas E.P.S.(Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2021) Aldana Fuentes, German Enrique; Numa Sanjuán, Nahín; Aldana Zapata, Nicolás GuillermoEs necesario resaltar que en Colombia se ha considerado que existe la posibilidad de endilgar responsabilidad a las Entidades Promotoras de Salud (en adelante EPS) y las Instituciones Prestadoras de Salud (en adelante IPS) cuando pueda constatarse que se ha incurrido en una acción u omisión que ha incidido en la producción del daño, como se observará a continuación. (Bravo, 2018); Así las cosas, se hace necesario revisar la responsabilidad del Estado con respecto a estas actuaciones, ya que el este no ejerce control suficiente sobre las entidades prestadoras de salud en Colombia. La legislación, doctrina y jurisprudencia en cuanto a la responsabilidad por negligencia médica, responsabilidad por ineficiencia de las entidades de salud, surge del Estado como ente de vigilancia y garante de los derechos. Como primera medida surgió el manual de ética médica y luego de la Constitución Política que es clara cuando manifiesta que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Como podemos observar, el Estado se obliga a estar vigilando a las entidades públicas o privadas, que prestan el servicio de salud.” Así las cosas, este documento permitió mediante una investigación socio jurídico de carácter descriptivo y cualitativo, visualizar el incumplimiento de entidades como MEDIMAS E. P. S Pamplona y el Hospital San Juan de Dios, examinando las características de la prestación del servicio de salud en estas entidades, con ayuda del estudio de casos y encuestas a la población como instrumentos de recolección de datos. Además, se realizó una caracterización de la responsabilidad estatal en estos casos, a partir de un análisis documental, normativo y jurisprudencial y la identificación de los elementos del Estado Garante como teoría jurídica para prestación de servicios de salud.Ítem Análisis de la sentencia no. 73001-23-31-000-2000-03075-01(24897) del consejo de estado - sala contenciosa administrativa - sección tercera, de 19 de noviembre de 2012(Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2024) Solano Beltrán, Gustavo Enrique; Venegas Mercado, Marco Antonio; Alarcón Cervantes, Raúl; Rodríguez-Serpa, Ferney AsdrubalEl presente estudio de caso trae a colación el análisis de la inconsistencia en posturas en lo concerniente a la figura del enriquecimiento sin justa causa dentro de la contratación estatal en Colombia, la cual ha sido desarrollada por la jurisprudencia del Consejo de Estado en varias sentencias de unificación y que la misma decisión de la Alta Corte ha traído una afectación para el orden jurídico y las premisas constitucionales en lo relativo a los principios como la confianza legitima, la buena fe, la moralidad pública y la justicia material, en lo respectivo al reclamo de honorarios por prestación de servicios profesionales cuando el contrato no se ha perfeccionado. Teniendo en cuenta lo anterior, la identificación del fallo para el presente estudio de caso denota los siguientes segmentos: Es una sentencia de unificación jurisprudencial en materia de enriquecimiento sin causa y de actio de in rem verso, mediante radicado 73001-23-31-000-2000- 03075-01(24897) con fecha de diecinueve (19) de noviembre de dos mil doce (2012), por parte del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena, Sección Tercera y el Magistrado Ponente, el Doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa.Ítem Análisis del decreto 403 de 2020 en el ejercicio del control fiscal a nivel de las contralorías territoriales(Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2023) Carrero Carrillo, Margarita; López Contreras, Neyla YadiraEl control fiscal es un proceso que consiente en ejercer el seguimiento a las funciones públicas encaminadas al mejoramiento del desarrollo económico y social desarrolladas por las entidades sujetos de control fiscal, por ello se torna importante comprender y analizar las modificaciones que trae consigo el Decreto 403 de 2020, en el ejercicio de control fiscal por parte de las Contralorías, específicamente de las Contralorías Territoriales. Dentro de lo que encierra el control fiscal su efectividad, proceso y legislación, diversos autores apuntan al hecho que existen un sin número de obstáculos enfrentados a nivel de Colombia y otros países como Estados Unidos, pero, a su vez, se han hecho grandes avances en materia de fortalecimiento, dotación de herramientas y blindaje frente a situaciones poco favorecedoras que se pudiesen presentar en relación a todos los procesos y entidades que son objetos de control fiscal. La llegada del Decreto 403 tuvo un gran impacto y fue motivo de avance en cuestión de control fiscal, pero sigue sin ser suficiente en cuanto a fortalecimiento, por lo cual se pudo concluir que en efecto el control fiscal, incluso siendo uno de los más relevantes, aún tiene muchas falencias relacionadas con su falta de herramientas y limitaciones en cuestión de personal dispuesto para las labores, tiempo de ejecución de las etapas, entre otras particularidades que hacen del sistema de control fiscal un proceso deficiente al momento de lograr el objetivo para el cual fue creadoÍtem Análisis dogmático de la responsabilidad del estado por los daños ocasionados a los reclusos en Colombia(Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2020) Reyes Acosta, Vita Paola; Rada Herrera, GiovanniEl Estado como ente jurídico es posible que responda patrimonialmente por los daños antijurídicos ocasionados en razón de las distintas actividades que desarrolla. Todo depende de las exigencias dogmáticas para acreditar la responsabilidad del Estado en su aspecto sustancial general que establece un régimen de responsabilidad objetiva y otro régimen de responsabilidad subjetiva. Este último régimen con número adicional de categorías dogmáticas adicionales al primero y por ende más exigente trayendo consigo que se amplíen entonces los eventos de ausencia de responsabilidad del Estado. Uno de los distintos tipos de responsabilidad del Estado en la parte sustancial especial es el de los daños ocasionados a los reclusos. Menester es precisar a qué régimen de responsabilidad obedece este último. A lo que concluimos que el régimen de responsabilidad subjetiva es el pertinente para ese debate. Y dado que al hablar de responsabilidad subjetiva no se refiere a nexo psicológico entre el sujeto y el resultado sino en realidad a la culpa como un elemento objetivo y normativo es menester traer a colación los criterios ordenados de la teoría de la imputación objetiva del penalista Alemán Gunther Jakobs para establecer entonces además de la relación de causalidad entre la actividad del Estado y en daño antijurídico que la culpa haya sido determinante en el resultado con los criterios de posición de garante, creación del riesgo jurídicamente relevante y realización del riesgo en el resultado.Ítem Análisis jurídico de la compatibilidad de los registros civiles venezolanos respecto a la inscripción en registro civil colombiano caso Barranquilla año 2018(Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2019) Antolínez Fernández, Luis Leonardo; Ariza Movilla, Johan RafaelLa Ley 2159 de 1852 estableció por primera vez en Colombia la necesidad de llevar el registro de nacimientos, y asignó esta función a los notarios pero la legislación en la materia ha evolucionado hasta nuestros días, tanto que a partir del decreto 1260 de 1970 se regulo este acto, que se puede hacer en forma extemporánea. Los problemas sociales y políticos de Venezuela ha producido una masiva migración de colombianos residentes allá y de venezolanos, quienes tramitan permisos de trabajo o nacionalizan a sus hijos venezolanos de padres colombianos, pero por las dificultades de los consulados , no pueden presentar documentos originales apostillados, por lo cual la Registraduria Nacional del Estado Civil ha venido registrando extemporáneamente a esos niños, con solo dos testigos hábiles y documentos venezolanos sin apostillaje, con fundamento en la expedición de varias circulares, que vencidas piden su prorroga el Ministerio de Relaciones Exteriores y varias autoridades de control y organizaciones no gubernamentales.Ítem Análisis jurídico de la implementación de política pública administrativa para la educación inclusiva de niños autistas en la localidad suroccidente del distrito de Barranquilla durante el periodo 2020-2023(Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2023) Fernández Castro, Allison Alejandra; Bolívar Atencia, Linozca María; Rodríguez Lara, Inés EmiliaEl adalid de este trabajo ha sido el de analizar jurídicamente las acciones administrativas de educación inclusiva para niños y niñas autistas en la localidad suroccidente del distrito de Barranquilla durante el periodo 2020-2023. El diseño metodológico se construyó bajo el rigor de una investigación aplicada con un enfoque de investigación cualitativo, inclinada en el paradigma histórico hermenéutico, de corte inductivo y nivel hermenéutico profundo. Se aplicaron técnicas de recolección de información de fuentes secundarias: recopilación documental, y consultas a entidades administrativas; luego, se utilizaron fuentes primarias a través de las entrevistas focalizadas, las cuales se aplicaron a tres Directivos Docentes, seis Docentes, y nueve Padres de Familia. Se halló que existe un gran cúmulo de complejidades y deficiencias en la atención a niños con discapacidades, especialmente el autismo, en el distrito de Barranquilla. Como conclusión se estableció la inclinación a fortalecer factores como la conciencia, la capacitación y los recursos tanto para educadores como para padres de familia, y de garantizar una mayor transparencia y comunicación efectiva entre las autoridades educativas y la comunidad, así como la necesidad de invertir en infraestructura y capacitación para lograr una verdadera inclusión para todos los niños y niñas con discapacidades.Ítem Análisis jurídico de la oferta de revocatoria directa sobre actos administrativos como herramienta de descongestión judicial(Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2020) Andrade Pava, Ingrid; Polo Rivero, Edith PaulinEl Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, como compendio normativo que regula la relación de la administración con los administrados, tanto en sede administrativa como judicial, introdujo modificaciones que propician la materialización de derechos fundamentales como el debido proceso y acceso a la administración de justicia, en la medida que convida a la resolución temprana de las diferencias que se susciten entre aquellos. Entre las figuras innovadoras contenidas en este Código, se encuentra la Revocatoria Directa de los Actos Administrativos, en sede administrativa, y la Oferta de Revocatoria de Directa, en sede judicial, que permiten a la misma entidad que expide un acto administrativo, revocarlo, siempre que reúna las causales necesarias para su procedencia, es decir, faculta a la Administración para demandar su propio acto cuando considere que está al margen de la legalidad o se aleje de la consecución de los fines del Estado, en aras del restablecimiento de la legalidad dentro del ordenamiento jurídico, aun cuando el administrado haya acudido a la administración de justicia, siempre que no se haya proferido sentencia definitiva, a través de la oferta de revocatoria de sus propios actos administrativos en sede judicial. Amen a lo anterior, la Revocatoria Directa también propende por la descongestión judicial, pues permite a la Administración revocar un acto administrativo antes de que la persona interesada demande su nulidad, y si ello ocurre, hace posible que no se convierta en uno más de los innumerables expedientes que cursan ante la jurisdicción contencioso administrativa.Ítem Análisis jurídico de la utilización de las TIC en el procedimiento administrativo conforme a la ley 2080 del 2021 en Colombia(Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2022) Ferrer Jiménez, Miguel Ángel; Molina Gómez, Yudis María; Mejía Turizo, Jorge; Todaro Murgas, ZoraidaLa legislación Colombiana se encuentra inmersa en constante transformación y avance en materia de Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC), la cual ha venido dando pasos para la simplificación de los procedimientos y en la adopción de nuevas leyes que van encaminadas en garantizar la adecuada actuación de la administración a través de la realización de trámites de forma telemática, desde cualquier lugar y en cualquier momento a través de las sedes electrónicas que son una especie de oficina virtual, que sirve como un medio para comunicarse y también como un sistema de información. Teniendo en cuenta la importancia de la ley 1437 de 2011 y la reciente reforma la ley 2080 de 2021 y de igual forma se presentan aspectos constitucionales y legales, una vez teniendo en claro este panorama jurídico, se describen los alcances de la jurisprudencia emanada del Consejo de Estado y Corte Constitucional; para luego presentar un panorama de avances en materia TIC en el procedimiento administrativo en algunos países de América Latina, en lo referente con la realidad social y la procura de la modernización de los Estados. Las tecnologías TIC son la clave para el desarrollo de la sociedad en la actualidad. Debido a su naturaleza, serán novedosos y poco comprendidos; sin embargo, la evolución constante de las mismas en un clima dinámico, obliga al mundo a utilizar y dirigir la nueva tecnología y aprovecharla para que se produzcan nuevas oportunidades de acceso.Ítem Análisis jurídico de la vulneración del principio de la selección objetiva en los contratos de consultoría y/o interventoría, adelantados en la modalidad selección de mínima cuantía en la contratación estatal(Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2023) Jaimes Fernández, Elías; Aguilar Barreto, Clara Paola; D’janon Donado, Madga LigiaLa investigación realizada tiene como propósito estudiar la efectividad del principio de la selección objetiva para la selección del contratista, específicamente en contratos adelantados en la modalidad de mínima cuantía, en aquellos casos en los cuales se presentan unos criterios normativos que por su modalidad, permiten la concurrencia con aquellos criterios propios de la modalidad del concurso de méritos; lo anterior teniendo en cuenta que el estatuto anticorrupción (c) así lo permite respectivamente. Ahora bien, esa concurrencia debe entenderse que, en este tipo de contratos, el factor de selección por su cuantía será el menor precio, y la idoneidad y la experiencia se constituyen como criterios habilitantes que la misma norma así lo contempla. Razón por la cual, en primera medida se analizaron los aspectos relacionados con el principio de selección objetiva como pilar normativo de la contratación estatal y su aplicación en la contratación estatal; seguidamente, se identificaron los criterios normativos establecidos en los contratos de consultoría en la modalidad de concurso de méritos; y, finalmente, se analizó en el ordenamiento jurídico colombiano el desarrollo de los criterios de selección objetiva y su aplicación en contratos de consultoría a través de la modalidad de mínima cuantía, de conformidad con los pronunciamientos jurisprudenciales, legales y lineamientos adoptados por Colombia Compra Eficiente, en torno a la concurrencia de los criterios de selección de contratista en este tipo de contratos.Ítem Análisis jurídico de los requisitos habilitantes en la contratación pública en Colombia, a partir de la reforma Introducida por el artículo 5 ° de la ley 1150 de 2007(Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2016) Badillo Noriega, Fernando Alcides; Carazo Araujo, Cecilia Del Carmen; Restrepo Díaz, Jaime Alberto; Djanon Donado, MagdaEl inciso 1 ° del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007 regula un nuevo concepto de condiciones habilitantes y selección objetiva en materia de contratación pública en Colombia. Uno de los aspectos más sensibles en los procesos administrativos de escogencia de contratistas en la Administración es la evaluación de las ofertas, y dentro de ella la revisión del cumplimiento de los factores habilitantes de los oferentes que se exigen en los pliegos de condiciones o convocatorias de las entidades oficiales, según la normativa y la reglamentación que ofrece el sistema de compras y contratación pública. El objetivo principal del presente trabajo de grado se basó en analizar y describir de modo sistemático, desde el del enfoque jurisprudencia! del Consejo Estado en materia de contratación estatal y desde el punto de vista analítico normativo y a la vez de la doctrina, la forma adecuada de la verificación, determinación y exigencia de los requisitos habilitantes, reseñados en criterios de experiencia, capacidad jurídica, financiera y organizacional de oferentes. La delimitación temporal del objeto de estudio fue el periodo 2007-2015. El diseño de investigación fue de tipo descriptivo y documental basado en información contenida en diferentes tipos de documentos. En referencia a las técnicas utilizadas cabe destacar el análisis y la síntesis. En el desarrollo del presente trabajo se identificaron algunas falencias jurídicas y de práctica social administrativa relacionadas con la exigencia, determinación, verificación y acreditación de los factores o criterios habilitadores. Para suplir esa dificultad, se plantean finalmente un conjunto de recomendaciones con el propósito de contribuir en materia de contratación estatal a la eficiencia, eficacia, transparencia y optimización de los recursos que invierte el estado para cumplir su plan de compras y contratación pública. Esperando sirva de instrumento de consulta.Ítem Análisis jurídico del procedimiento administrativo general en el marco de la Ley 1437 de 2011 en Colombia(Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2022) Lara Marriaga, Rafael Enrique; Todaro Murgas, Zoraida Rosa; Llinás Torres, Claudia del CarmenUno de los temas más relevantes del Derecho Administrativo, desde comienzos del siglo XX, lo constituyó el Procedimiento Administrativo al que debe estar atado el ejercicio de la función administrativa del Estado para la expedición de actos administrativos, esto es, para la producción de actos jurídicos unilaterales dotados de la potencialidad de crear, modificar o extinguir una relación de esa misma naturaleza, bien en la esfera de lo general o en el ámbito de lo particular y concreto de los derechos de las personas. En esta investigación se realizó una mirada sobre los antecedentes normativos constitucionales y legales que constituyen el acervo documental de la historia del derecho administrativo colombiano; se observó que tal institución fue completamente ajena tanto a la regulación contenida en la Ley 130 de 1913 (primer Código Contencioso Administrativo) como a la ley 167 de 1941 (segundo Código Contencioso Administrativo), muy a pesar de que en esta última norma, en los artículos del 74 al 81 se reguló la etapa de discusión de la legalidad del acto administrativo a través del llamado “procedimiento gubernativo” o “vía gubernativa”, denominación por la que también se le conoció. En este medio, el procedimiento administrativo, como se evidenció, evoluciona a partir de la regulación legal de un derecho político propio del Estado de Derecho, como en efecto lo es el derecho de petición, derecho que, a pesar de su temprana consagración constitucional, solo vino a ser desarrollado por primera vez en la legislación a través del Decreto 2733 de 1959.Ítem Análisis jurisprudencial del principio de discrecionalidad administrativa en la desvinculación de los miembros del Ejército Nacional de Colombia durante los años 2015-2022(Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2023) Avendaño Carillo, Paula Juliana; Bohórquez Marín, Osnaly Adriana; Rangel Rincón, Luis Eduardo; Aguilar Barreto, Clara PaolaEn Colombia, la legislación consagra una figura denominada discrecionalidad administrativa, aplicada a las Fuerzas Militares – FF. MM., cuando se requiere del retiro de un oficial o suboficial, en razón a sus funciones; esta se efectúa por medio de un acto administrativo emitido por el superior de la institución encargada de realizar la desvinculación, ya sea motivado por argumentos u otro tipo de situaciones. Esto ha llevado al uso indiscriminado de esta figura, llegando a vulnerar en ocasiones los derechos fundamentales de quienes han sido desvinculados. La finalidad del presente proyecto es analizar el principio de discrecionalidad administrativa en la desvinculación de los miembros del Ejército Nacional, por parte de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en Colombia, durante el período comprendido entre los años 2015 al 2022.; para lograrlo, se analizaron los fundamentos jurídicos con los cuales se regulan las facultades discrecionales en las actuaciones administrativas; se identificó cómo operan estos actos administrativos respecto a la desvinculación de los miembros de las FF. MM. y se reconocieron criterios jurisprudenciales de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. En el aspecto metodológico, este estudio tiene un enfoque cualitativo, de tipo documental, apoyado en el método hermenéutico y fundamentado en la normatividad y la jurisprudencia de las cortes mencionadas anteriormente; a su vez, su desarrollo se dio a partir de matrices de análisis normativo, jurisprudencial y documental. Entre las conclusiones halladas se encuentra el hecho de que muchos miembros de la Fuerza Pública, especialmente del Ejército Nacional, se han visto afectados al ser separados de sus cargos por medio del uso de esta figura, circunstancia con la cual se ha suscitado un debate sobre la necesidad de la existencia de una debida motivación al momento de su aplicación.