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Acción idónea para reclamaciones de honorarios al Estado colombiano con ocasión de contratos por prestación de servicios profesionales cuando el contrato no se ha perfeccionado. Sentencia n.º 73001-23-31-000-2000-03075-01(24897) de Consejo De Estado - Sala Contenciosa Administrativa – sección tercera, de 19 de noviembre de 2012
(Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2022) Solano Beltrán, Gustavo Enrique; Alegría Tete, Víctor Nel; Arrieta Bobadilla, Alberto Mario; Guzmán González, Patricia
La postura crítica en este ensayo no se focaliza en la modificación de las normas que ya se encuentran concertadas respecto a la contratación pública, sino hacer visible la inconsistente postura respecto a la esfera de la contratación estatal en nuestro país colombiano, la cual es adoptada por la jurisprudencia del Consejo de Estado, en especial en su sentencia de unificación y que es aplicada actualmente por ser el precedente judicial para los agentes del Estado de cara a la ratio in rem verso o acción de enriquecimiento sin justa causa, así como también su procedencia y vista como la regla general predominante sobre las relaciones contractuales de conformidad a las solemnidades legales, es decir, el vínculo contractual que tenga un particular con el Estado cuya esencia debe estar investida de solemnidad y que debe ser escrito. Y si, desde la óptica de la existencia del contrato estatal, el mismo es en esencia, escrito. Bajo ese escenario, en Colombia es imposible prestarle un servicio al Estado y sus agencias sin que previamente se haya perfeccionado un contrato, pero en otros espacios jurídicos que fueron concertados en la sentencia de unificación, ello si es dable y precisamente por este asunto, se sienta la postura crítica dentro del presente ensayo académico. En nuestro país colombiano, la reglamentación que enviste el perfeccionamiento del contrato y lo que se requiere para ejecutarlo, es un conjunto de normas de orden público, es decir, una normatividad de estricto cumplimiento y que no se encuentran libremente a disposición de las partes, pues los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993 establecen que el vínculo contractual celebrado entre entidades estatales debe ser por escrito y se concreta a través de un acuerdo sobre el objeto del contrato y la contraprestación del mismo.
Acerca del silencio administrativo positivo aplicado a los servicios públicos domiciliarios
(Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2023) Moya Páez, Cesar Cristóbal; Mendoza Núñez, Daniel Enrique; Barraza Castillo, Rafael Eduardo; Charris Escobar, Adalgiza Helena
El Silencio administrativo positivo es una figura del derecho administrativo que contempla que, en caso de que una entidad pública no responda una petición dentro de un plazo determinado se asumirá que la entidad ha otorgado la solicitud requerida. Con la Constitución de 1991 en el cumplimiento de los fines sociales, el Estado debe garantizar los servicios públicos domiciliarios en todo el territorio nacional y adicional velar por qué esta prestación del servicio sea eficaz, por lo anterior, la superintendencia de servicios públicos domiciliarios se encargará de la vigilancia control e inspección de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, garantizando estos fines sociales con el cumplimiento de la ley. En Colombia, el silencio administrativo positivo en servicios públicos domiciliarios está regulado por la ley 142 de 1994 que contempla, que las empresas administradoras de servicios públicos domiciliarios están obligadas a dar respuesta de fondo a los solicitudes, peticiones o recursos en un término perentorio que no puede ser mayor a 15 días hábiles, y si llegado el caso estas empresas no dan respuesta en el plazo señalado en la norma, se entenderá que la solicitud o petición ha sido aceptada y la empresa debe proceder a prestar el servicio.
Alcances jurídicos del consentimiento informado, como eximente de responsabilidad en el ordenamiento jurídico colombiano
(Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2022) Rey Omaña, Juan David; Cristancho Garcia, Sergio Mauricio; Pabon Jauregui, German Eduardo; Aguilar Barreto, Andrea
Este artículo tiene como objetivo reconocer la acción del estado frente a la figura del consentimiento informado en servicio de salud, como eximente de responsabilidades a partir de un análisis jurídico. El consentimiento informado desde la parte médica se entiende como la aceptación de manera autónoma que tiene el paciente sobre un procedimiento o tratamiento que se le practicará. De igual manera, se presenta en la praxis algunas dificultades respecto a su propósito, lo cual es una situación susceptible de análisis. Para ello, se toman las posturas legales en la ley 23 y pronunciamientos del Consejo de Estado, corte suprema de justicia y corte constitucional. Respecto a la metodología utilizada fue una revisión documental, se llevó a cabo un análisis que se centró específicamente en artículos confiables. Este análisis es fundamental para analizar los alcances jurídicos del consentimiento informado como eximente de responsabilidad. Adicionalmente, para el desarrollo del presente artículo se tuvo en cuenta de qué manera se lleva a cabo en el ordenamiento jurídico colombiano. La revisión realizada dio como resultado que en el país se implementa el consentimiento informado para evitar sanciones penales o indemnizaciones económicas. Además, existen ciertos eventos que eximen la responsabilidad médica. Finalmente, esta revisión es fundamental debido a que permite que se sea consciente de la importancia de la implementación de dicho consentimiento informado en el área de salud para así evitar negligencia médica.
Alcances y límites del recurso extraordinario de unificación de la jurisprudencia
(Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2025) Albarracin Duarte, Silvia Juliana; Castilla Leal, Marlon Javier; Rodríguez Angarita, Nórida; Márquez Villamizar, Yuri; Parra Meaury, Claudia
El artículo examina el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia en Colombia, su origen, marco normativo y función dentro de la jurisdicción contencioso-administrativa. Este recurso, establecido en la Ley 1437 de 2011 y modificado por la Ley 2080 de 2021, tiene como objetivo principal garantizar la coherencia y seguridad jurídica en las decisiones judiciales, consolidando el rol del Consejo de Estado como máximo órgano unificador. Se destacan las sentencias de unificación como un criterio vinculante para jueces y autoridades administrativas, enfatizando su relevancia en la uniformidad de las decisiones y en la interpretación del derecho administrativo. El artículo subraya las condiciones y requisitos para la expedición de estas sentencias, así como las dificultades generadas por la falta de claridad en los criterios de relevancia jurídica, económica y social. Este vacío normativo ha ocasionado interpretaciones dispares y, en consecuencia, una aplicación desigual en el sistema jurídico, lo cual afecta la percepción de equidad y predictibilidad. Además, se analiza el mecanismo de extensión de jurisprudencia, que permite aplicar los efectos de las sentencias de unificación a casos similares, fortaleciendo la igualdad material y promoviendo un sistema más justo y accesible. Sin embargo, se señala que las deficiencias en la capacitación de los operadores jurídicos y la ausencia de parámetros homogéneos limitan la efectividad del recurso. Finalmente, se enfatiza que, a través del desarrollo de directrices claras y capacitación especializada, el recurso puede contribuir significativamente a consolidar la seguridad jurídica y la confianza ciudadana en la justicia administrativa.
Análisis de implementación de la ley 2044 del 2020 frente a los asentamientos humanos ilegales en la ciudad de Cúcuta en los años 2020- 2023
(Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2024) Prado Arévalo, María Andreina; Peinado Contreras, Yurley Carolina
El crecimiento de la población cucuteña en los últimos años y la facilidad de invadir terrenos privados, baldíos o fiscales a lo largo de la historia llevo a la conformación de asentamientos humanos ilegales, desde asentamientos consolidados con un poco de urbanismos hasta asentamientos humanos precarios, sin nada de planeación, construcciones solidas o presencia de algún ente territorial o privado como empresas de servicio públicos, solo divisiones realizadas por los mismos ocupantes e invasores; Cúcuta para el mes de junio del año 2020, tenía un aproximado de sesenta y cinco mil trecientos noventa y un personas, según las proyecciones sobre la población publicadas por el (Dane). A mitad del año 2020, la población rondaba los 777.106 habitantes, un nueve (9 %) más que la reportada por el Censo de 2018 (Dane). Sin embargo el país ha venido implementando nuevas normas para regular y minimizar este auge de crecimiento indiscriminado de asentamientos humanos que solo trae desorden urbanístico, ilegalidad, vulneración de derechos humanos, fundamentales, sociales, del desarrollo y políticos; este ensayo de investigación tiene como objetivo analizar la implementación de la ley 2044 del 2020 frente a los asentamientos humanos ilegales en la ciudad de Cúcuta en los años 2020 - 2023, mediante un estudio interpretativo comprensivo de la norma, a fin de diseñar una propuesta que facilite la normalización y regulación de sectores informales. Según lo anterior, el enfoque del estudio es cualitativo, con un paradigma hermenéutico.
Análisis de la efectividad de la conciliación administrativa como herramienta para la resolución efectiva de litigios estatales en Colombia
(Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2023) Cabarcas Altahona, Juan Carlos; Navarro Manga, Alfredo Antonio; Pérez Pérez, Sixta Elena; Charris Escobar, Adalgiza Helena
El sistema judicial en Colombia enfrenta un desafío crucial debido a la alta cantidad de casos en su sistema. Según investigaciones recientes, el sistema judicial enfrenta una gran congestión, con más de 2 millones de casos en el sistema, de los cuales el 59% pertenecen a la jurisdicción contenciosa administrativa, especialmente en litigios estatales. En este contexto, la conciliación administrativa emerge como una herramienta para agilizar la resolución de conflictos en los cuales el Estado es parte. Este ensayo tiene como objetivo analizar la eficacia de la conciliación administrativa en la resolución de litigios estatales en Colombia. Se argumenta que la conciliación administrativa puede contribuir significativamente a reducir la congestión judicial, promover una cultura de conciliación, y cumplir con los principios de justicia y desarrollo sostenible. Se plantean diferentes teorías sobre la naturaleza jurídica de la conciliación administrativa, incluyendo su carácter procesal, su papel como instrumento de negocio jurídico, su función como mecanismo para empoderar a los particulares en la administración de justicia, y una teoría ecléctica que combina elementos de las teorías anteriores. Se destaca que la conciliación administrativa permite resolver disputas de manera más rápida, flexible y confidencial en comparación con los procesos judiciales tradicionales. Además, se enfatiza en el papel crucial del conciliador como tercero neutral para facilitar la comunicación y la consecución de acuerdos entre las partes involucradas. Sin embargo, también se presentan argumentos en contra de la conciliación administrativa. Se menciona el temor de las entidades estatales a comprometer su patrimonio en acuerdos conciliatorios, así como la arraigada cultura de litigio que puede dificultar la adopción de la conciliación como una alternativa válida. Se destaca que la falta de pruebas sólidas y la falta de coerción pueden impactar la equidad y eficacia del proceso conciliatorio. A pesar de los desafíos, se concluye que la conciliación administrativa tiene el potencial de ser una herramienta valiosa para resolver litigios estatales en Colombia. A través de un análisis detallado de las ventajas y desventajas, se establece que su promoción y uso adecuado pueden contribuir de manera significativa a una administración de justicia más eficaz y a la resolución de conflictos de manera pacífica. Se destaca la importancia de capacitar a los funcionarios encargados de la conciliación y promover una cultura de conciliación para maximizar los beneficios de esta herramienta.
Análisis de la figura de la caducidad del medio de control de reparación directa en delitos de lessa humanidad frente al control de convencionalidad
(Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2021) Palencia Martínez, Jessica Lizeth; Ortiz, Tulio Adrián; Castillo Galvis, Sergio Hernando
El presente escrito versa sobre la caducidad en el medio de control de reparación directa frente a los delitos de lesa humanidad, conociendo desde una perspectiva los cambios jurisprudenciales, toda vez que recientemente el Consejo de Estado cambió la línea jurisprudencial permitiendo la prescripción frente a los delitos de lesa humanidad, a la luz de la Sentencia de Unificación del 29 de enero de 2020, proferida por el alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo, sentó precedente sobre la obligatoriedad del término de caducidad común de dos años, contados a partir del conocimiento del daño antijurídico, para interponer contra el Estado pretensiones de reparación directa derivadas de graves violaciones de derechos humanos, como lo son los delitos de lesa humanidad. Sin embargo, una vez fijado el cambio jurisprudencial el cual ha afectado a un gran grupo de personas con la decisión unificada ya prescrita, es necesario mencionar o remitirse al concepto, alcance y campo de aplicación del control de convencionalidad enmarcado en los diferentes pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; lo anterior desarrollando una investigación cualitativa tipo ensayo, en donde se analizará la sentencia unificada del Consejo de Estado, frente a las decisiones proferidas por la CIDH en materia de control de convencionalidad en delitos de lesa humanidad.
Análisis de la implementación de los acuerdos de paz y la justicia transicional en Colombia en los años 2016-2021
(Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2022) Mendoza Villamizar, Roman Antonio; Castillo Galvis, Sergio Hernando
Antecedentes La presente revisión bibliográfica se realizó sobre la infraestructura de los acuerdos de paz y la justicia transicional en donde se llevó a cabo un análisis de artículos recientes que se relacionaran con la temática de los acuerdos de paz y justicia transicional. Estos artículos fueron escritos en un periodo no mayor a cinco años, es decir; entre el 2016 y 2021.Este análisis es fundamental para analizar la interacción entre la justicia transicional y la infraestructura para la paz en el país y poder tener una mayor comprensión de esta problemática en el país. Para el desarrollo del presente trabajo se tuvo en cuenta de qué manera se lleva a cabo la interacción entre la infraestructura de los acuerdos de paz y la justicia transicional en Colombia, teniendo en cuenta que el problema principal se centró en el conflicto armado que ha existido en el país desde hace muchos años y que ha cobrado muchas víctimas, lo cual ha afectado enormemente a Colombia. En primer lugar, se tuvo en cuenta teóricos que ayudarán a comprender mejor la problemática abordada puesto que esto permite tener una mejor percepción de aquellas temáticas relacionadas con el acuerdo de paz y la justicia transicional en el país. Objetivos: • Analizar la implementación de los acuerdos de paz y la justicia transicional en Colombia en los años 2016-2021 • Identificar los elementos generales de la justifica transicional • Examinar los Componentes de la justicia transicional a partir de las decisiones de la Corte IDH Materiales y Métodos: Respecto a la metodología utilizada para llevar a cabo esta revisión bibliografía, se tuvo en cuenta el enfoque cualitativo. Además se tuvo en cuenta investigaciones realizadas en los años 2016 al 2021. Resultados: La revisión realizada dio como resultado que en el país la Justicia transicional mantiene una interacción con la infraestructura para la paz, ya que existe una vinculación respecto al cumplimiento de las diferentes sanciones de carácter restaurativo. Para obtener este resultado fue esencial la revisión de los antecedentes del acuerdo final para la paz que se realizó en el año 2016. Conclusiones: Para llevar a cabo un acuerdo de paz, es necesario tener en cuenta una serie de elementos para que se pueda realizar dicho proceso en el país. En primer lugar, deben existir unas garantías para que no se repitan los actos violentos donde se han visto gravemente vulnerados los derechos humanos de los individuos puesto que de nada sirve que exista una justicia a medias si no hay nada que garantice que las víctimas no van a volver a enfrentarse a escenarios violentos. Es por esta razón que al momento de hablar del acuerdo de paz en Colombia lo primero que se pensó fue en crear la comisión de la verdad y la JEP porque ambas juegan un rol fundamental en dicho acuerdo. Cabe resaltar que lo que principalmente se busca es atender a las víctimas del conflicto armado y es lo que han venido realizando desde que se crearon. Esto se puede ver reflejado en los distintos informes que presentan y donde se puede evidenciar claramente que se están atendiendo a las víctimas, cumpliendo así con cada uno de los objetivos planteados al iniciar este proceso. Para finalizar, no se puede dejar de mencionar la posible configuración de responsabilidad estatal en cuanto a la seguridad de los excombatientes porque con el acuerdo de paz se adquirió un compromiso con aquellas personas que por decisión propia se alejaron de las armas. Por tal motivo, para el estado la seguridad debe considerarse como un factor esencial porque de esto dependerá el éxito del acuerdo de paz firmado
Análisis de la jurisprudencia contenciosa administrativa en torno a la contratación directa en Colombia
(Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2013) Córdoba Vidal, Edna Cecilia; Vargas Bonilla, Manuel Antonio
En el contexto de los aspectos relacionados con la contratación estatal por parte del estado, es importante tener en cuenta que en Colombia en los últimos años ha entrado en un mecanismo de búsqueda para lograr fortalecerlo y que en estos aportes sean inherentes a la regulación de diferenciación entro los contratos administrativos y los contratos de derecho privado de la administración pública, es por esto que se dio un nuevo enfoque a que la legislación para que en cierta medida deje de funcionar estáticamente, encasillándose en mecánicas totalitarias y siempre fueron señaladas dentro del mismo estado a través de las facultades innecesarias lo cual se desvirtuaron en el sostenimiento de una figura en acuerdo con las necesidades del mismo acatamiento y cumplimiento de la normatividad, y fue la misma Carta Magna de 1991 la que dio nuevos mandatos que conllevaron a que se reformara el Decreto 222 de 1983, el cual regulaba el tema consecuente, en el año de 1993 el legislador visualizando la problemática se le busco darle solución por medio de la expedición de la la Ley 80 de 1993.
Análisis de la materialización del debido proceso a la luz del Decreto 806 del 2020 en el proceso administrativo de impugnación contra las contravenciones de tránsito en el año 2020
(Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2021) Romero Moncada, Jesús Alberto; Parra Flórez, Juan Sebastián; Carrero Carrillo, Margarita; Castillo Galvis, Sergio Hernando
El presente ensayo pretende abordar la forma en la que sucede el proceso de impugnación que se lleva a cabo frente a las contravenciones de tránsito sucedidas ante la violación de las normas de tránsito y transporte determinadas dentro del marco jurídico colombiano teniendo como novedad el análisis de los procesos ya mencionados en relación al Decreto 806 de 2020 para lo cual se desarrolló una investigación cualitativa dentro del cual se tiene un paradigma sociocrítico y haciendo uso de un estudio hermenéutico-jurídico con análisis legal. Una vez fue abordada, analizada y discutida la temática, se lograron evidenciar algunas de las ventajas, desventajas para finalmente concluir con los retos que son afrontados por los usuarios y los servidores públicos dentro de los procesos de impugnación desarrollado en medio del aislamiento ocasionado por la pandemia por COVID 19
Análisis de la reparación administrativa en las víctimas del conflicto armado interno en sucre durante los años 2018-2022
(Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2022) Vallejo Ruiz, Eudelmis; Cano Barrios, Xamara; Soto Ruiz, Irina; Guzmán González, Patricia
Se hizo necesario analizar si la reparación administrativa establece medidas adecuadas para la reparación de las víctimas del conflicto armado, se tuvo en cuenta con ello las normas sobre la reparación entre las cuales se menciona la Ley 387 de 1997, el Decreto 1290 de 2008, la Ley 975 de 2005 o la llamada Ley de Justicia y Paz, la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las Farc-ep, la reparación administrativa en la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras. Se practico una encuesta 20 víctimas del conflicto armado siendo habitantes de Morroa, Chalan, Ovejas, y Coloso, para analizar desde su posición de protagonistas, la efectividad del proceso. Siendo equitativos y para obtener una mirada general, se realizó una entrevista a 5 jueces administrativos de Sincelejo para hacer un contraste con respecto a la reparación administrativa en las víctimas del conflicto armado, igualmente se hizo necesario que identificaran si es un mecanismo efectivo, si contempla obstáculos o si es imprescindible la existencia de otorgar mejorías. Finalmente, la percepción de las víctimas del conflicto armado al igual que la de los jueces administrativos coadyuvan al estudio de la efectividad de las medidas de reparación que otorga el Estado en las víctimas del conflicto armado.
Análisis de las centralización político-administrativa de las regiones en Colombia para el desarrollo urbano. Caso: municipio de Sincelejo
(Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2021) Alviz Cárdenas, Anaika; Baca Arias, Rosalin; Hernández Reina, Hugo Andrés; Rodríguez Serpa, Ferney Asdrúbal
Este ensayo, se funda en el análisis de las centralización político-administrativa de las regiones en Colombia, para el desarrollo urbano, tomando como referente el caso del municipio de Sincelejo, ubicado en el departamento de Sucre. Asimismo, se expone mediante los textos, normativos y jurisprudencia, la posibilidad de la aplicabilidad del concepto de regiones administrativas desarrolladas en el artículo 306 de la constitución política de Colombia y lo establecido en la Ley orgánica de ordenamiento territorial del país, también conocida como LOOT, Ley 1454 de 2011. Esto debido a que se ha venido observando un proceso de centralización, que imposibilita cada vez más el manejo de recursos en las entidades territoriales. Es decir, cada vez hay más concentración en poder del presidente, acortando la capacidad de gestión de los dirigentes locales, aumentado también la dificultad para sacar adelante los planes y programas de desarrollo a favor de mejorar las condiciones de vida de la población.
Análisis de las políticas públicas en habitantes de calle, y su implementación en la ciudad de San José de Cúcuta del año 2020 a 2022
(Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2023) Infante Lizcano, Pedro Luis; Moreno González, Jesús Alberto; Castillo Galvis, Sebastian Hernando
En este trabajo de investigación hablaremos sobre las políticas públicas implementadas en los habitantes de calle de Cúcuta, de los cuales hay que adecuar a las necesidades, ya que la ley 1641 del 2013, solo está a nivel nacional, también entenderemos que en algunos de los artículos investigados presentaban las mismas causas, siendo estas las más frecuentes. Cabe resaltar que existen lugares que ayudan a estas personas, ya sea con vivienda, alimentación, ropa, entre otras cosas para que puedan mejorar y salir de esa condición de vida, en la que se vulneran sus derechos. En Cúcuta podemos encontrar la vivienda que tiene una capacidad de 120 personas, por lo que decimos que no cuenta con la suficiente amplitud para por lo menos ayudar a un 80% de habitantes. Muchos de ellos viven en condiciones en las que necesitan, buscar medios para conseguir ingresos, a pesar de que en su mayoría no cuentan con su educación completa, se ganan la vida a través del reciclaje, mendigando, robando, ejerciendo prostitución o en el micro tráfico. Además de esto, ciertos habitantes presentan enfermedades, incluyendo las mentales; por ello consideramos prudente fortalecer los medios de ayuda a estos ciudadanos. Los habitantes de calle, se han ido incrementando debido a las múltiples problemáticas que se presentan con el pasar de los años, generando un fuerte impacto en la sociedad, que cada vez da mal aspecto, miedo e inseguridad en las calles de nuestro querido municipio.
Análisis de los cambios en la autonomía territorial dentro del sistema general de regalías en el departamento Norte de Santander desde el 2012 al 2023
(Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2024) Fontiveros, Freddy Alexander; Herrera Rodríguez, Angie Estefanía; Pabón Correa, Fernando; Silva Leal, Cristian Eduardo; Peinado Contreras, Yurley Carolina
La Autonomía Territorial es uno de los principios de la organización del Estado colombiano, que se relaciona directamente con la descentralización administrativa como una forma de interactuación entre el nivel nacional y el territorial, bajo los lineamientos de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, que bajo una interpretación centralista originan una invasión de competencias y ha dado pie a la limitación de funciones administrativas y con impacto fiscal. Esta disminución de libertad funcional, si bien ha afectado a todos los territorios, con mayor grado a los Departamentos, y para el caso de Norte de Santander, el impacto puede haber sido mayor por cierto intervencionismo con aspectos de legislación de frontera, que, si bien podían tener un propósito loable, no propiciaron el desarrollo regional como se esperaba. Por lo tanto, el propósito de esta investigación es el de analizar cómo el Gobierno Nacional ha garantizado la autonomía territorial en el Departamento Norte de Santander en la última década, a través del andamiaje administrativo que incluye las leyes con iniciativa presidencial y las disposiciones sectoriales desde los ministerios y departamentos administrativos. Se consideró un horizonte de diez (10) años, teniendo en cuenta la variación en ingresos del presupuesto departamental de Norte de Santander, por la implementación del Sistema General de Regalías y como se han impuestos medidas restrictivas al uso de esos recursos, que son netamente territoriales, como defina la Constitución Política. De la misma forma, se analizó la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones, ante la descertificación de municipios en Salud y Educación y el desarrollo de políticas públicas que exigen la concurrencia del Departamento, como la aplicación de disposiciones de corte centralista en materia de contratación estatal. Se desarrolló una investigación con enfoque cualitativo a través de un método de investigación inductivo y descriptivo de las diferentes disposiciones legales y sus efectos, permitiendo concluir el grado de involución del proceso de descentralización y pérdida de autonomía.
Análisis de los efectos de la ley de emprendimiento (2069 del 2020) frente al sistema de compra y contratación pública en Colombia
(Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2022) Fontalvo Lara, Harold De Jesús; Guzmán González, Patricia
La Investigación titulada análisis de los efectos de la ley de emprendimiento (2069 del 2020) frente al sistema de compra y contratación pública en Colombia proporciona insumos teóricos para generar incentivos y mayores oportunidades para que las micro, pequeñas y medianas empresas (En adelante MIPYMES) participen de forma más activa en lo público, los referentes que consideran la postura de la investigación inicialmente es la ley 2069 del 2020, ley 80 de 1993, ley 1150 de 2002, la Constitución Política entre otras, el marco metodológico corresponde a una investigación desde la recolección de información desde lo documental apoyado en la observación descriptiva, como resultados en relación a las leyes que hacen su aporte sobre las variables de análisis incluyendo el flagelo de la pandemia del COVID -19 ya que desde esta vertiente se logra mayor competitividad en el sector público en las Pyme y Mipyme en Colombia teniendo en cuenta la ley de emprendimiento y vista como una oportunidad.
Análisis de los procesos disciplinarios adelantados en primera instancia contra empleados públicos de la alcaldía de San José de Cúcuta, años 2020-2022
(Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2025) Becerra Álvarez, Jessika Lorena; Tapias Rodríguez, Elida; Torres Melo, Sammy Lizeth; Parra Meaury, Claudia
El control interno disciplinario en Colombia es un conjunto de mecanismos y procedimientos establecidos dentro de las entidades públicas para prevenir, detectar y corregir conductas indebidas de los servidores públicos. Su objetivo principal es garantizar que los funcionarios cumplan con los principios, normas y valores que rigen la Función Pública, promoviendo la disciplina, la transparencia y la legalidad en la gestión pública. Este control se ejerce a través de investigaciones y sanciones disciplinarias cuando se detectan faltas, con el fin de asegurar el buen funcionamiento de la administración pública y la protección de los intereses del Estado y la ciudadanía. Por tanto, el propósito de esta investigación es analizar los procesos disciplinarios adelantados en primera instancia contra empleados públicos de la Alcaldía de San José de Cúcuta durante los años 2020-2022. La metodología aplicada en este estudio se fundamenta en el paradigma interpretativo, con enfoque cualitativo, de tipo analítico, y apoyado en la hermenéutica jurídica. Se pudo evidenciar que se presenta un aumento en el número de quejas cada año, y aunque el volumen de quejas gestionadas es alto, la distribución de los casos en distintas fases del proceso revela desafíos, en la agilización y resolución de las conductas, que varían desde faltas administrativas menores (ausentismo laboral), hasta infracciones gravísimas (abuso y acoso sexual). A través de la identificación de quejas, etapas procesales y resultados, se ha logrado comprender cómo esta O
Análisis de los procesos disciplinarios virtuales realizados en Colombia en el contexto pandémico
(Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2022) Escalante Castro, Gabriel Arturo; García Rodríguez, Romis Samir; Pulido Morales, José Rafael; Aguilar Barreto, Andrea
La pandemia surgida a partir del virus SARS COV-2, llamado COVID – 19, produjo una serie de retos que debieron afrontar los diferentes Estados. Colombia no fue la excepción, toda vez que tuvo que mudar sus procesos presenciales a los virtuales, especialmente, en materia judicial, debido a que la justicia digital se convirtió en la forma de realizar estos procedimientos. En materia disciplinaria, las entidades tuvieron que generar lineamientos para atender las solicitudes por esta vía, sin que ellos significasen un perjuicio para los intervinientes. El objetivo general es analizar la manera como el Estado colombiano afrontó la realización de procesos disciplinarios virtualmente, a partir de la declaratoria de pandemia. El enfoque utilizado es el cualitativo. Se concluyó que esta situación mostró la precariedad en la que se encontraba la justicia digital colombiana, aunque se venían realizando esfuerzos para modernizar este tipo de procedimientos, incluida la capacitación a los funcionarios públicos.
Análisis del acto administrativo efectuado por el ejecutivo para la declaración del estado de emergencia por el COVID 19 en Colombia y su control jurisdiccional
(Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2022) García Gómez, Mónica Yasmín; Márquez Berbesí, Yeni Carolina; Merchán García, Diana Isabel; Castillo Galvis, Sergio Hernando
Con la declaración de emergencia los diferentes estados del mundo adoptaron las medidas necesarias para el acceso a los servicios de salud para la atención del Covid 19. En Colombia se declaró el estado de emergencia y la implementación de protocolos y rutas de atención para el manejo del SARS. CoV-2 se convirtió en obligatorio. Esto provocó una serie de reacciones en la administración pública, respecto de la forma en que se le debía dar manejo a este tipo de situaciones en cuanto a la propagación del coronavirus en el país. Ahora bien, para la realización de este documento, se desarrolló un análisis documental implementando la investigación con enfoque fenomenológico, en la cual se condensó una perspectiva desde un punto de vista jurídico, para ello se hizo una revisión de actos administrativos como resoluciones y decretos emitidos por el Jefe de Estado, para la atención al COVID 19. De esta forma, el presente estudio muestra una perspectiva de las rutas establecidas para la atención de una situación de tal magnitud debido a la rápida propagación y la cantidad de muertes provocadas por la pandemia. Así, desde la perspectiva de Kelsen, en la teoría del Estado, hasta la revisión documental de las resoluciones emitidas, se evidenciaron elementos teóricos y prácticos que se tomaron en cuenta para analizar cuáles son los límites jurisdiccionales de los actos administrativos dictados por el órgano ejecutivo desde el comienzo de la pandemia con la declaratoria del Estado de Emergencia
Análisis del impacto del acuerdo de Escazú en la participación ciudadana y justicia ambiental: 2022- 2024
(Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2025) Smith Duran, Davianys; Cantillo Collazos, Álvaro Enrique; Camargo Mendoza, Dailyn Carolina; Menco Menco, Antonio José; Charris Escobar, Adalgiza Helena
El Acuerdo de Escazú fomenta la transparencia en la contratación pública colombiana mediante el acceso a la información ambiental y la promoción de la rendición de cuentas, lo cual incrementa la supervisión pública. A través de la divulgación de datos antes reservados, especialmente en comunidades vulnerables, el acuerdo permite una participación informada y ayuda a prevenir conflictos ambientales. Además, impulsa la sostenibilidad en la contratación pública mediante la inclusión de criterios ambientales, promoviendo proyectos alineados con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Finalmente, el acuerdo subraya la inclusión de comunidades étnicas en decisiones que afectan sus territorios, fortaleciendo la democracia participativa y el respeto a los derechos culturales. El Acuerdo de Escazú representa un avance importante en la protección ambiental y el fortalecimiento de la democracia participativa en Colombia, promoviendo la transparencia en la contratación pública y la sostenibilidad en la toma de decisiones que impactan el entorno. Si bien el tratado cuenta con detractores que señalan sus posibles efectos económicos y desafíos en su implementación, su enfoque en la justicia ambiental y el respeto a los derechos de las comunidades étnicas y rurales ofrece una oportunidad para una contratación pública más equitativa y sostenible en el país.
Análisis del legal Design de la secretaría de educación de la ciudad de San José de Cúcuta como fortalecimiento de la administración pública en el periodo 2020 a 2022
(Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2023) Alba Navarro, Javier Andres; Duarte Gómez, Oriana Valentina; Roa Ayala, Chary Jazmin; Castillo Galvis, Sebastian Hernando
La emergencia sanitaria presentada a nivel mundial provocada por el COVID 19, ha obligado a realizar una reestructuración en los mecanismos de acceso a la justicia y una adaptación de la función pública a las realidades del mundo percibidas por la humanidad, esta crisis crea la necesidad de una metodología de innovación, por lo anterior, la presente investigación versa sobre el análisis de la implementación del Legal Design en la secretaría de educación de Cúcuta en el periodo 2020 a 2022 como fortalecimiento de la buena administración pública. Puesto que, la carencia de un servicio legal óptimo genera la necesidad de implementar un sistema legal mínimo viable que se adapte a las necesidades de los usuarios recurrentes, utilizando prototipos creativos que permitan reinventar y adaptar la función pública a las nuevas exigencias de la administración. Por consiguiente, la administración pública que aborda la Secretaría de Educación de la ciudad de Cúcuta requiere la puesta del Legal Design como mecanismo garante de los usuarios que acuden a la misma, por lo anterior se pretende identificar los fundamentos de la buena administración pública y su relación con el Legal Design, para determinar como en el periodo 2020 a 2022 se fortaleció la administración pública con este mecanismo implementado por la Secretaría de Educación municipal.