Examinando por Autor "Castillo Galvis, Sergio Hernando"
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Ítem Afectación al principio autónomo del consentimiento informado desde la perspectiva del Consejo De Estado, Corte Constitucional y Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde el periodo de 2014 a 2020(Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2022) Jaimes Maldonado, Leidy Carolina; Castillo Galvis, Sebastian Hernando; Castillo Galvis, Sergio HernandoAntecedentes: El consentimiento informado surge en la relación entre paciente y médico, en la cual es el paciente quien tiene el papel protagónico en dicha relación, de la cual se generan obligaciones y derechos como aquel que asiste al paciente de recibir información oportuna y detallada sobre los procedimientos y tratamientos a los cuales será sometido, para que sea éste quien a partir de un conocimiento previo pueda tomar una decisión sobre su cuerpo; claro está que como toda regla general tiene su excepción y para el caso en concreto se menciona que el consentimiento informado podrá ser omitido en los casos de urgencia vital. (De Brigard, 2004) A partir de ello, se observa que el consentimiento informado es un deber que no puede ser omitido de ninguna manera ya que vulnera el derecho del paciente a escoger el tratamiento y/o procedimiento de manera libre e informada y que en consonancia conlleva al quebrantamiento del principio de la dignidad humana como principio orientador del Estado Social de Derecho constituido a partir de la constitución de 1991. Objetivos: El objetivo general del proyecto de investigación consistió en analizar la afectación al principio autónomo del consentimiento informado desde la perspectiva del Consejo De Estado, Corte Constitucional y Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde el periodo de 2014 a 2020. Para el correcto desarrollo del objetivo general fue necesario establecer tres objetivo específicos los cuales fueron: i) Estudiar el desarrollo jurisprudencial del principio autónomo del consentimiento informado en la prestación de servicios de salud y su alcance. ii) Establecer los elementos del daño de la afectación al principio autónomo del consentimiento informado a partir de la jurisprudencia del Consejo de Estado; y iii) Identificar las subreglas o elementos en la configuración del daño por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en escenarios relacionados con el consentimiento informado. Metodología: El presente trabajo se realizó a partir de una investigación socio - jurídica toda vez que el objeto de conocimiento es la jurisprudencia de la Corte Constitucional, Consejo de Estado y Corte Interamericana de Derechos humanos de los años 2014 – 2020, en relación con su interpretación y aplicación a casos particulares, así como sus deficiencias y omisiones. Además, se parte del derecho en el ámbito social en relación a sus condiciones y efectos. Esta forma de investigación se encuentra estipulada por Duque, et al. (2018) quienes añaden que lo que se busca es que sean investigados los asuntos de la realidad social en relación con los sujetos que intervienen en la investigación. Resultados: La Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que el consentimiento informado es un principio autónomo en el cual su efectivización lo relaciona directamente con la materialización de múltiples derechos fundamentales. A partir del análisis jurisprudencial que se ha realizado por parte de la sentencia de la Corte Constitucional, se pretende desatacar que a través de la Sentencia C -405 de 2016 se realiza un especial hincapié en el carácter de vinculatoriedad de los principios de autonomía y su relación directa con el principio autónomo del consentimiento informado, señalando la particularidad de que no pueden ser considerados absolutos destacando nuevamente la teoría de la ponderación de Alexy (1993) en el que uno de los mayores precursores del estudio de los principios legales señala que en múltiples momentos puede existir una colisión entre ellos por tal motivo la necesidad de asignarle unos pesos y aunque bien, está teoría sigue siendo objeto de estudio, no cabe duda que es una gran herramienta que incluso ha sido adoptada por la Corte Constitucional y es que, este principio al tener una estructura tan abstracta, su aplicación en caso de una disyuntiva debe tener un proceso lógico bastante profundo, totalmente contrario a una regla en el que simplemente se utilizan la priorización del principio de legalidad del ordenamiento jurídico colombiano. Un análisis adecuado de los elementos del daño (condiciones de existencia del perjuicio) va a permitir que se eviten errores que se presentan con gran frecuencia tales como, las causales que se encuentran permitidas legal y jurisprudencialmente tales como las causales que permiten realizar un procedimiento sin el consentimiento del paciente, casos que son específicos y que se deben encontrar debidamente soportados. Un ejemplo claro de ello es cuando el paciente se encuentra en medio de una intervención quirúrgica de emergencia, en la que como consecuencia de ello se encuentra en un estado inconsciente bien sea por criterios de anestesia o cualquier otra situación. En estos casos el Consejo de Estado (2017) ha sido enfático al manifestar que cuando el médico encuentre la urgencia de realizar una operación a un paciente que se encuentra en estado inconsciente y dicho procedimiento resulta imprescindible resultaría contrario a una práctica adecuada de la medicina impedir tal procedimiento por falta del consentimiento informado, haciendo la salvedad que el máximo tribunal de lo contencioso administrativo manifiesta la importancia de que en caso de que estén presentes los familiares reciban autorización de ellos. Conclusiones: Teniendo en cuenta el Control de Convencionalidad existente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto al bloque de constitucionalidad en sentido estricto Colombia debe trabajar de forma armónica con los postulado de la Convención y a partir de ello se observa en la jurisprudencia de la CIDH que el consentimiento informado es catalogado como un Derecho Humano de especial protección y su omisión o inadecuada realización conlleva un daño antijurídico a reparar. El modelo paternalista del médico que anteriormente existía ha perdido total vigencia en razón que el paciente en la relación médico – paciente tiene una connotación protagónica y prueba de ello es la importancia de su consentimiento para la realización de cualquier tratamiento o procedimiento. Respecto a la Jurisprudencia del Consejo de Estado se encuentra que establece como régimen de imputación subjetivo por falencias en el Consentimiento Informado como una falla en el servicio, tratándose de responsabilidad médica.Ítem Análisis de la figura de la caducidad del medio de control de reparación directa en delitos de lessa humanidad frente al control de convencionalidad(Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2021) Palencia Martínez, Jessica Lizeth; Ortiz, Tulio Adrián; Castillo Galvis, Sergio HernandoEl presente escrito versa sobre la caducidad en el medio de control de reparación directa frente a los delitos de lesa humanidad, conociendo desde una perspectiva los cambios jurisprudenciales, toda vez que recientemente el Consejo de Estado cambió la línea jurisprudencial permitiendo la prescripción frente a los delitos de lesa humanidad, a la luz de la Sentencia de Unificación del 29 de enero de 2020, proferida por el alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo, sentó precedente sobre la obligatoriedad del término de caducidad común de dos años, contados a partir del conocimiento del daño antijurídico, para interponer contra el Estado pretensiones de reparación directa derivadas de graves violaciones de derechos humanos, como lo son los delitos de lesa humanidad. Sin embargo, una vez fijado el cambio jurisprudencial el cual ha afectado a un gran grupo de personas con la decisión unificada ya prescrita, es necesario mencionar o remitirse al concepto, alcance y campo de aplicación del control de convencionalidad enmarcado en los diferentes pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; lo anterior desarrollando una investigación cualitativa tipo ensayo, en donde se analizará la sentencia unificada del Consejo de Estado, frente a las decisiones proferidas por la CIDH en materia de control de convencionalidad en delitos de lesa humanidad.Ítem Análisis de la implementación de los acuerdos de paz y la justicia transicional en Colombia en los años 2016-2021(Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2022) Mendoza Villamizar, Roman Antonio; Castillo Galvis, Sergio HernandoAntecedentes La presente revisión bibliográfica se realizó sobre la infraestructura de los acuerdos de paz y la justicia transicional en donde se llevó a cabo un análisis de artículos recientes que se relacionaran con la temática de los acuerdos de paz y justicia transicional. Estos artículos fueron escritos en un periodo no mayor a cinco años, es decir; entre el 2016 y 2021.Este análisis es fundamental para analizar la interacción entre la justicia transicional y la infraestructura para la paz en el país y poder tener una mayor comprensión de esta problemática en el país. Para el desarrollo del presente trabajo se tuvo en cuenta de qué manera se lleva a cabo la interacción entre la infraestructura de los acuerdos de paz y la justicia transicional en Colombia, teniendo en cuenta que el problema principal se centró en el conflicto armado que ha existido en el país desde hace muchos años y que ha cobrado muchas víctimas, lo cual ha afectado enormemente a Colombia. En primer lugar, se tuvo en cuenta teóricos que ayudarán a comprender mejor la problemática abordada puesto que esto permite tener una mejor percepción de aquellas temáticas relacionadas con el acuerdo de paz y la justicia transicional en el país. Objetivos: • Analizar la implementación de los acuerdos de paz y la justicia transicional en Colombia en los años 2016-2021 • Identificar los elementos generales de la justifica transicional • Examinar los Componentes de la justicia transicional a partir de las decisiones de la Corte IDH Materiales y Métodos: Respecto a la metodología utilizada para llevar a cabo esta revisión bibliografía, se tuvo en cuenta el enfoque cualitativo. Además se tuvo en cuenta investigaciones realizadas en los años 2016 al 2021. Resultados: La revisión realizada dio como resultado que en el país la Justicia transicional mantiene una interacción con la infraestructura para la paz, ya que existe una vinculación respecto al cumplimiento de las diferentes sanciones de carácter restaurativo. Para obtener este resultado fue esencial la revisión de los antecedentes del acuerdo final para la paz que se realizó en el año 2016. Conclusiones: Para llevar a cabo un acuerdo de paz, es necesario tener en cuenta una serie de elementos para que se pueda realizar dicho proceso en el país. En primer lugar, deben existir unas garantías para que no se repitan los actos violentos donde se han visto gravemente vulnerados los derechos humanos de los individuos puesto que de nada sirve que exista una justicia a medias si no hay nada que garantice que las víctimas no van a volver a enfrentarse a escenarios violentos. Es por esta razón que al momento de hablar del acuerdo de paz en Colombia lo primero que se pensó fue en crear la comisión de la verdad y la JEP porque ambas juegan un rol fundamental en dicho acuerdo. Cabe resaltar que lo que principalmente se busca es atender a las víctimas del conflicto armado y es lo que han venido realizando desde que se crearon. Esto se puede ver reflejado en los distintos informes que presentan y donde se puede evidenciar claramente que se están atendiendo a las víctimas, cumpliendo así con cada uno de los objetivos planteados al iniciar este proceso. Para finalizar, no se puede dejar de mencionar la posible configuración de responsabilidad estatal en cuanto a la seguridad de los excombatientes porque con el acuerdo de paz se adquirió un compromiso con aquellas personas que por decisión propia se alejaron de las armas. Por tal motivo, para el estado la seguridad debe considerarse como un factor esencial porque de esto dependerá el éxito del acuerdo de paz firmadoÍtem Análisis de la materialización del debido proceso a la luz del Decreto 806 del 2020 en el proceso administrativo de impugnación contra las contravenciones de tránsito en el año 2020(Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2021) Romero Moncada, Jesús Alberto; Parra Flórez, Juan Sebastián; Carrero Carrillo, Margarita; Castillo Galvis, Sergio HernandoEl presente ensayo pretende abordar la forma en la que sucede el proceso de impugnación que se lleva a cabo frente a las contravenciones de tránsito sucedidas ante la violación de las normas de tránsito y transporte determinadas dentro del marco jurídico colombiano teniendo como novedad el análisis de los procesos ya mencionados en relación al Decreto 806 de 2020 para lo cual se desarrolló una investigación cualitativa dentro del cual se tiene un paradigma sociocrítico y haciendo uso de un estudio hermenéutico-jurídico con análisis legal. Una vez fue abordada, analizada y discutida la temática, se lograron evidenciar algunas de las ventajas, desventajas para finalmente concluir con los retos que son afrontados por los usuarios y los servidores públicos dentro de los procesos de impugnación desarrollado en medio del aislamiento ocasionado por la pandemia por COVID 19Ítem Análisis del acto administrativo efectuado por el ejecutivo para la declaración del estado de emergencia por el COVID 19 en Colombia y su control jurisdiccional(Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2022) García Gómez, Mónica Yasmín; Márquez Berbesí, Yeni Carolina; Merchán García, Diana Isabel; Castillo Galvis, Sergio HernandoCon la declaración de emergencia los diferentes estados del mundo adoptaron las medidas necesarias para el acceso a los servicios de salud para la atención del Covid 19. En Colombia se declaró el estado de emergencia y la implementación de protocolos y rutas de atención para el manejo del SARS. CoV-2 se convirtió en obligatorio. Esto provocó una serie de reacciones en la administración pública, respecto de la forma en que se le debía dar manejo a este tipo de situaciones en cuanto a la propagación del coronavirus en el país. Ahora bien, para la realización de este documento, se desarrolló un análisis documental implementando la investigación con enfoque fenomenológico, en la cual se condensó una perspectiva desde un punto de vista jurídico, para ello se hizo una revisión de actos administrativos como resoluciones y decretos emitidos por el Jefe de Estado, para la atención al COVID 19. De esta forma, el presente estudio muestra una perspectiva de las rutas establecidas para la atención de una situación de tal magnitud debido a la rápida propagación y la cantidad de muertes provocadas por la pandemia. Así, desde la perspectiva de Kelsen, en la teoría del Estado, hasta la revisión documental de las resoluciones emitidas, se evidenciaron elementos teóricos y prácticos que se tomaron en cuenta para analizar cuáles son los límites jurisdiccionales de los actos administrativos dictados por el órgano ejecutivo desde el comienzo de la pandemia con la declaratoria del Estado de EmergenciaÍtem Análisis jurisprudencial de la prestación del servicio de salud a población migrante venezolana irregular en Colombia(Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2021) Armesto Estrada, Heidy Andrea; Contreras Hernández, Juan Sebastián; Villamizar Moreno, Yuleizy Nathaly; Castillo Galvis, Sergio HernandoEl presente artículo, evidencia un ejercicio dialéctico de varios textos científicos y jurídicos en relación al derecho fundamental a la salud de la población migrante venezolana, con ocasión de un hecho notorio del 2015, mismo que ha reflejado la migración de más de un millón doscientos mil (1.200.000) de personas venezolanas hacia Colombia; para ello, fue necesario abordar esta problemática desde una orientación humanista, así, este documento pretende analizar la incidencia y eficacia de las subreglas jurisprudenciales de la Corte Constitucional que han pretendido garantizar en Colombia la prestación del servicio de salud a la población migrante venezolana irregular, para la resolución del objetivo propuesto. Se planteó una investigación cualitativa, desde el método hermenéutico-dialéctico, tendiente a describir el derecho humano a la salud, evidenciándose que es una garantía jurídica y humana que tienen los migrantes venezolanos irregulares y que es obligación del Estado colombiano reglamentar su acceso y destinación, de esta forma, es claro que ha sido en sede constitucional donde se ha dado pasos significativos hacia el reconocimiento y protección del derecho a la salud de esta población en ColombiaÍtem Aplicabilidad del medio de control de repetición por procesos iniciados contra la policía nacional de Colombia y el principio de sostenibilidad fiscal(Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2022) Suárez Silva, José Oswaldo; Castillo Galvis, Sergio HernandoDurante décadas las afectaciones en los patrimonios nacionales han sido motivo de preocupación por los diferentes Estados a nivel internacional, por ello, se han creado diferentes herramientas que puedan minimizar dicha problemática, dentro de ellas se encuentra el medio de control de repetición que busca recuperar los montos que son canceladas por el Estado por causa de responsabilidad extracontractual, por acciones u omisiones dolosas o culposas cometidas por los servidores públicos. Debido a la problemática la presente investigación se planteó como objetivo Comprender la aplicabilidad del medio de control de repetición por procesos contra la policía nacional de Colombia y su relación con el principio de sostenibilidad fiscal. Debido a que esta entidad forma parte del Estado y debe afrontar cierto número de demandas que afectan la sostenibilidad fiscal. La investigación fue abordada bajo el método de complementariedad bajo la revisión documental y la técnica de focus Group, lo que permitió conocer que dentro de la entidad existen una serie de factores que inciden en la aplicabilidad del mecanismo jurídico y en consecuencia de ello no se puede repetir contra los funcionarios y los montos cancelados no logran ser reintegrados al Estado y a su vez se generan afectaciones en el presupuesto nacional.Ítem La aplicación del control de convencionalidad en escenarios de responsabilidad del Estado colombiano frente a la violación de derechos humanos(Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2021) Riaño Delgado, Maribel; Castillo Galvis, Sergio HernandoLa Corte Interamericana de Derechos Humanos, con ocasión de la protección de los Derechos Humanos en los Estados Partes que integran la jurisdicción del Sistema Interamericano de Derecho Humanos creó una figura en el mundo jurídico como lo es el Control de convencionalidad, requiriendo a los Estados Parte el cumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos haciéndose indispensable la prohibición en la emisión de normas internas que no sean contrarias a esta. Este artículo pretende establecer la aplicación del control de convencionalidad en escenarios de responsabilidad del estado colombiano frente a la violación de Derechos Humanos , a través del análisis del término en sí mismo, el rol de los jueces y la responsabilidad del Estado en casos de dicha índole; mediante una investigación de carácter cualitativa, que desde un diseño hermenéutico realiza un análisis jurídico de dicha aplicabilidad y sobre la jurisprudencia surgida en casos en los cuales Colombia ha estado inmersa. Subyace una gran importancia en el presente análisis jurídico facilitando el debate a nivel nacional e internacional, a la luz de la creciente importancia del control de convencionalidad interno, así como el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en nuestra región, tornándose apremiante su profundización, la valoración de los resultados, la aplicación de los acuerdos de los Estados Parte propendiendo por el respeto de los Derechos HumanosÍtem La constitución política de 1991 y el retiro forzoso en servidor público sin cumplir requisitos de pensión(Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2021) Mora Lizcano, Francisco Homero; Parada Rico, Sandra Milena; Castillo Galvis, Sergio HernandoEn Colombia, con el nacimiento del Estado Social de Derecho y la constitucionalización del derecho laboral, se elevan a rango constitucional diversos principios y garantías para los trabajadores y servidores públicos. Uno de estos es la estabilidad laboral, el cual se encuentra en el artículo 125 favor de servidores públicos relacionados con el sistema de carrera administrativa, siendo posible señalar en principio que este derecho no es definitivo y presenta restricciones y falencias creadas en la Constitución y en la Ley. por ello que el objetivo de este trabajo de investigación fue analizar las causales de retiro forzoso del servidor público, que se materializa cuando se haya cumplido la edad de retiro forzoso. De acuerdo al análisis se puede determinar las implicaciones que conllevan a que se vulneren los derechos de los servidores públicos que cumplen con los requisitos para la jubilación y por ende su retiro. Esta investigación se enmarcó en un método interpretativo, con un diseño documental por el estudio y búsqueda de la información seleccionada. Ante esto como conclusión se busca entender la situación actual sobre la violación de los principios que consagran los derechos constitucionales de las personas que están dentro del proceso del retiro forzoso ya que esto les afecta directamente en sus condiciones de calidad de visa y no es avalado por el derecho constitucionalÍtem La contratación estatal en el marco de la pandemia producida por el COVID – 19 en Colombia(Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2021) Gómez Portilla, Mónica Juliana; Rojas Martínez, Misael; Rodríguez Flórez, Deimer Andrés; Castillo Galvis, Sergio HernandoCon la aparición de la pandemia producida por el virus denominado COVID-19, gran parte del planeta se vio obligado a modificar muchos aspectos de la cotidianidad y Colombia no fue la excepción. A partir del momento en el que se tuvo conocimiento de la entrada del virus al país y del pronunciamiento por parte de la Organización Mundial de la Salud – OMS, en el cual se declaraba la pandemia producida por el virus, el Gobierno Nacional promulgó el Decreto 417 de 2020, mediante el cual se declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el territorio nacional. A partir de dicha declaratoria se ordenaron algunas modificaciones tanto a la infraestructura tecnológica como a la forma de realizar las actividades dentro de la pandemia; adicional a ello, se otorgó cierta flexibilidad a las entidades públicas para que adicionaran bienes y servicios en los contratos que celebraran, sin ninguna limitación. El objetivo principal del presente artículo de reflexión es analizar la contratación estatal que se realizó en Colombia dentro del marco de la pandemia causada por el COVID-19, llegando a la conclusión de que el flagelo de la corrupción no solo está afectando cualquier estamento de la sociedad, sino que, además, en la práctica no se observan actos que busquen, realmente, eliminar dicho actuar antijurídico.Ítem Control de convencionalidad en el marco de la garantía de los servicios de salud de los niños, niñas y adolescentes (NNA) en condición de discapacidad(Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2022) Quintero Villamizar, Sahira; Reyes Pino, Katerine Stefanny; Castillo Galvis, Sergio HernandoAntecedentes: • La discapacidad desde los enfoques de derechos y capacidades y su relación con la salud pública; por Natalia Eugenia Gómez Rúa, Diego Alveiro Restrepo Ochoa, Jaime Gañan Echavarría, Doris Cardona Arango (2018) • La acción de tutela: ¿un mecanismo de protección del derecho a la salud y un proceso alterno para acceder a servicios de salud? por Alba Lucía Vélez (2005) • Condiciones para el acceso universal a la salud en América Latina: derechos sociales, protección social y restricciones financieras y políticas por Ana Sojo (2011) Objetivos: General: Analizar la aplicación del Control de Convencionalidad por el Estado Colombiano, en cuanto a la garantía de la prestación de los servicios de salud a los niños, niñas y adolescentes (NNA) en condición de discapacidad. Específicos: • Determinar los fundamentos del control de convencionalidad a partir de las decisiones adoptadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. • Establecer las subreglas fijadas por la Corte Constitucional en materia de prestación de servicios de salud a favor de los niños, niñas y adolescentes (NNA) en condición de discapacidad. • Identificar los estándares de prestación de servicios de salud en favor de niños, niñas y adolescentes (NNA) en condición de discapacidad a partir de las decisiones adoptadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Materiales y Métodos: • Paradigma: socio jurídico • Enfoque: cualitativo- autor Roberto Hernández Sampieri • Diseño metodológico: explicativo y documental • Técnica de recolección de la información: análisis de contenido • Instrumento de recolección de la información: matriz de análisis documental • Análisis y procesamiento de la información: categorización Resultados: Se divide en 4 resultados, relacionados con los objetivos específicos de la investigación, y, uno destinado para la respectiva discusión. Primer Resultado: sobre los fundamentos del control de convencionalidad a partir de las decisiones adoptadas por la Corte IDH. Segundo resultado: hace relación a las subreglas fijadas por la Corte Constitucional en materia de protección del derecho a la salud de los NNA en condición de discapacidad. Tercer resultado: señala los estándares de prestación del servicio de salud en favor de los NNA en condición de discapacidad que fue fijado por la Jurisprudencia de la Corte IDH. Cuarto Resultado: esto es, el de la discusión, hace referencia a que las decisiones de la Corte IDH tienen fuerza vinculante en Colombia, por ende, las decisiones de protección de los derechos de los NNA en condición de discapacidad, deben ser entendidas como normatividad interna. Conclusiones: • La protección convencional y constitucional del derecho a la salud, particularmente al acceso efectivo de los servicios de salud de Niños, Niñas y Adolescentes NNA en condición de discapacidad, en el sistema jurídico colombiano ofrece un camino que todavía debe construirse toda vez que, a pesar de que ya existe reconocimiento de derechos, reglamentación jurídica en el marco nacional e internacional y, que existe el interés superior de dichos derechos, al día de hoy hay falencias que se observan inclusive con la cantidad de acciones legales y administrativa que los entes gubernamentales y no gubernamentales, conoce todos los días. Dichas situaciones demuestran el panorama de violación de derechos humanos y fundamentales de los usuarios del sistema general de seguridad social en salud, y, la falta de seriedad, con respecto a las obligaciones que tienen el Estado Social de Derecho, y la sociedad en la protección de los derechos de NNA. • La jurisprudencia de la Corte IDH indica que el Control de convencionalidad es hibrido, por ende, las todas las autoridades públicas deben adoptar decisiones que se ajusten a la Convención IDH y a la Jurisprudencia de la Corte IDH, es así que la CIDH ha emitido sentencias donde ha establecido responsabilidad internacional del Estado ante la falla en sus funciones de inspección, vigilancia y control como parte de la garantía del derecho adquirido en la prestación de servicios de salud para Niños, Niñas y Adolescentes NNA. • Las subreglas fijadas por la Corte Constitucional colombiana para la prestación del servicio de salud a favor de NNA en condición de discapacidad, indican que a esta población se le debe dar una protección constitucional reforzada, lo que implica que se debe garantizar el acceso y la calidad del servicio de salud. • Los estándares de prestación del servicio de salud que la Corte IDH ha señalado para los NNA en condición de discapacidad implican el respeto de la dignidad humana en cada procedimiento médico, la vigilancia y control del Estado en el servicio de salud, y, la preferencia por prestar este servicio a los NNA en condición de discapacidad.Ítem El control de convencionalidad y el diálogo judicial frente al medio ambiente como sujeto de protección y reparación(Universidad Nacional Autónoma de México, 2019-07) Castillo Galvis, Sergio Hernando; D’Janon Donado, Magda Ligia; Ramírez Nárdiz, AlfredoEl presente artículo tiene por objeto el control de convencionalidad y su ejercicio por los jueces administrativos, pretendiendo en este caso efectuar un análisis del control de convencionalidad y la doctrina conocida como diálogo interjurisdiccional que propenda por una concepción de mayor garantía del medio ambiente como sujeto de protección y reparación. Para ello, se utilizó un marco metodológico de carácter cualitativo con la técnica de análisis de discurso —de carácter jurisprudencial— sobre múltiples providencias de altas cortes colombianas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como de reconocidos doctrinarios, que permitan fortalecer la propuesta, concluyendo que este diálogo sea activo con una modificación de la dirección en que se efectúe y que podrían ser las altas cortes nacionales las que fijen precedentes que la Corte Interamericana pueda tomar como criterio hermenéutico relevante que tengan por fin la conformación de un ius commune interamericano en favor del medio ambiente como sujeto autónomo de protección y reparación.Ítem Crisis en el sistema de salud en el Hospital Universitario Erasmo Meoz en Cúcuta, Norte de Santander por la mala administración de recursos por parte de los entes territoriales en el período comprendido entre 2020-2022(Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2023) Malambo Piñeres, Isbelia Lucila; Lozano Beltrán, Leidy Andrea; Rangel Malambo, Mónica Katherine; Castillo Galvis, Sergio HernandoEn este proyecto investigativo se analiza la crisis en el sistema de salud en el Hospital Universitario Erasmo Meoz en Cúcuta (HUEM), Norte de Santander por la mala administración de recursos por parte de los entes territoriales en los dos últimos años, buscando así la garantía de este derecho fundamental como lo es la salud. Teniendo en cuenta nuestra técnica de recolección de datos de nuestro método investigativo cualitativo se pudo evidenciar en los resultados que uno de los factores de crisis que se ha presentado en el HUEM ha sido a consecuencia de la migración masiva y a la emergencia sanitaria del COVID-19, se han aumentado los costos los cuales han hecho que el HUEM quede en crisis desde inicios del año 2020, costos que son asumidos por el Gobierno Nacional pero no han sido cancelados, situación desfavorable, puesto que todo esto hace que la atención médica que se presta sea deficiente, causando crisis y pérdida de la calidad del servicio de atención hospitalario, debiendo ser esta prestada a cualquier persona garantizando plenamente este derecho, logrando así una buena prestación al servicio a la salud.Ítem El daño moral en el marco de la expropiación judicial como escenario de responsabilidad extracontractual del Estado(Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2022) Osorio Balaguera, Jhon Mario; Becerra Zúñiga, Kelly Johana; Villamizar Buitrago, Edwin Leonardo; Castillo Galvis, Sergio HernandoEn Colombia existe la figura de la expropiación, a través de la cual el Estado colombiano puede obligar a un particular a realizar la transferencia de su predio, de carácter privado, atendiendo a la necesidad y prevalencia del interés general, transacción de la cual recibe una indemnización, la cual se calcula con base en un avalúo comercial vigente del fundo, en la cual no se tiene en cuenta aquel valor agregado que, pueda llegar a tener éste bien, atendiendo a criterios afectivos o sentimentales. Atendiendo a lo anterior, surge el objetivo principal del presente ensayo, el cual propende por determinar si la expropiación por vía administrativa, puede ocasionar un daño moral que derive en una responsabilidad civil extracontractual por parte del Estado y de darse el caso, evaluar en qué circunstancias este perjuicio se hace presente, lo cual deriva en la obligación de ser indemnizado plenamente por la administración. La metodología que se empleó corresponde a una investigación socio-jurídica, con un enfoque cualitativo y con análisis de contenido documental. El resultado obtenido fue que se da la existencia de un posible daño moral, pues la llamada enajenación voluntaria, a pesar de que esta se cataloga como espontanea a intencional, esta es una mera ficción jurídica, pues el consentimiento del enajenante no se encuentra presente en la negociación, pues aun cuando existe la aceptación de una oferta de compra, esta no deja de ser voluntad unilateral e irresistible del Estado por causa de utilidad pública sobre los bienes de un particular.Ítem El dictamen pericial y el acceso a la administración de justicia en Colombia a partir de la ley 2080 de 2021(Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2022) Pérez Álvarez, German Orlando; Almeida Chasoy, Eduard Yesith; Villasmil Munar, Javier Leonardo; Castillo Galvis, Sergio HernandoEl objetivo principal de este artículo de investigación es demostrar como normas del ordenamiento colombiano generan imposibilidad y vulneración al principio procesal y derecho al acceso a la justicia, en el entendido de que existen imperativos normativos como lo son la aportación de dictamen pericial en casos de responsabilidad médica, que sin lugar a dudas, impiden la posible reclamación de muchas personas que no cuentan con los recursos para allegar este requisito impuesto al proceso y hacerlo valer dentro del mismo. Lo anterior es solo uno de los puntos que pretende analizar el presente escrito, puesto que es claro que desde la práctica profesional del derecho existen otros imperativos normativos que, en vez de generar un acercamiento entre el ciudadano de a pie con el derecho y la justicia, lo que hace es generar una brecha enorme entre estos. Así las cosas, se torna indispensable desarrollar inicialmente un análisis jurídico a la ley 2080 del 2021 la cual modifica la ley 1437 del 2011, respecto a la práctica de la prueba pericial, puesto que se evidencia la apertura de la posibilidad de acceder a la justicia dentro de un proceso de responsabilidad médica sin la necesidad de allegar dicho dictamen, en razón a que se faculta a las partes intervinientes poder solicitar al juzgado de conocimiento la práctica de la misma, la cual podrá ser decretada a su vez de manera oficiosa por dicho juez competente, procediéndose con la designación de un auxiliar de la justicia quien estará facultado para llevar a cabo el mismo.Ítem Garantía al principio de imparcialidad con relación a las funciones de investigación y sanción ejercidas de manera conjunta por una misma autoridad disciplinaria, a la luz de la ley 734 de 2002 y la ley 1952 de 2019(Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2021) Tenorio Melenje, Yury; Picón Carvajal, Michelle; Castillo Galvis, Sergio HernandoLa presente investigación tiene como principal objetivo el análisis de la garantía del principio de imparcialidad en el proceso disciplinario a la luz de la Ley 734 de 2002 y la Ley 1952 de 2019 con relación a las funciones concentradas de investigación y sanción en materia disciplinaria, en el entendido que es necesario el conocimiento de la aplicación del principio de imparcialidad dentro del proceso disciplinario, toda vez que lo que podría generar implicaciones en el ordenamiento jurídico colombiano con la posible inobservancia de principios procesales y constitucionales en la práctica procedimental; para ello se abordó una metodología de naturaleza jurídica bajo un paradigma histórico hermenéutico, lo que permitió el desarrollo de ejes temáticos a partir de una descripción generalizada del sistema disciplinario en Colombia y su relación con el Estado Social de Derecho y que a su vez, ha traído consigo factores determinantes, teniendo en cuenta que en la práctica se ven inmersos los derechos del disciplinado bajo la subsunción de una autoridad que ejerce funciones de investigación y sanción dentro de un proceso, lo que contraria eventualmente el principio de imparcialidad propio del debido proceso previsto en el artículo 29 superior así como Tratados y Convenios Internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad en Colombia, derivado de la evolución hacia una constitucionalización del derecho internacional que ha conllevado a que dichas disposiciones se entienden incorporadas al ordenamiento jurídico al punto que la inobservancia del principio de imparcialidad, a través de la concentración de funciones investigativas y sancionadoras, podría generar una afectación a las garantías judiciales y protección judicial en términos de la Convención Americana de Derechos Humanos.Ítem Garantías de acceso de los migrantes venezolanos a los mecanismos de regularización y flexibilización migratoria establecidos en Colombia en los años 2019 al 2021(Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2022) Niño Villamizar, Kelly Geraldine; Castillo Galvis, Sergio HernandoAntecedentes: Desde el año 2015 Colombia se convirtió en uno de los países latinoamericanos a donde decidieron migrar los venezolanos que han salido de su país por la difícil situación económica, política y social que viene enfrentando el mismo, lo cual generó una llegada continua de ciudadanos venezolanos a territorio colombiano, algunos de ellos en situación de tránsito, y otros que eligieron este país como su sitio de residencia. A lo anterior se suma que en su mayoría han migrado de manera ilegal, situación que ha llevado al Estado Colombiano a fijar mecanismos de regularización y flexibilización migratoria desde el año 2019 hasta la fecha. Objetivos: General: Analizar las garantías de acceso de los migrantes venezolanos a los mecanismos de regularización y flexibilización migratoria establecidos en Colombia en los años 2019 al 2021. Específicos: 1. Examinar los elementos constitucionales y convencionales de garantía de derechos en favor de población migrante; 2. Identificar los mecanismos de flexibilización y regularización migratoria en Colombia; y, 2. Analizar la visión desde el Estatuto Temporal de Protección y su innovación respecto a otros ordenamientos jurídicos (Estados). Materiales y Métodos: Se trató de un estudio cualitativo, de tipo analítico-descriptivo, que contó con aplicación de la hermenéutica jurídica la cual facilitó el análisis de las normas y jurisprudencia. Resultados: La Constitución Política de 1991 en el artículo 93 expresa que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso de la República prevalecen en el orden interno. El artículo más relevante respecto a los migrantes es el artículo 100º de la Constitución, que reza ¡os extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos. No obstante, la ley podrá, por razones de orden público, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinados derechos civiles a los extranjeros”. Por lo cual, es indudable que la Constitución Política de 1991 contempla un marco normativo garantista a favor de los derechos de los migrantes que se encuentren en el territorio colombiano. Por otra parte, la Opinión Consultiva No 18 de 2003 estableció 11 conclusiones, que, desde la proyección del bloque de constitucionalidad plasmado en la jurisprudencia de la Corte Constitucional tiene carácter vinculante en el orden jurídico colombiano y que se analizan de manera específica en el trabajo de investigación, así pues, la Corte Interamericana hace una serie de recomendaciones. Con respecto a el derecho fundamental al debido proceso el cual es una garantía mínima de todos los migrantes, más allá de su condición irregular, también que el Estado debe velar de manera constante para que en el ámbito privado los empleadores no violen el principio de igualdad y no discriminación y asimismo contribuyan a la economía, finalmente los Estados Miembros deben brindar los medios suficientes para que el trabajo sea desarrollado de manera plena y sin atropellos a la dignidad humana independientemente de su condición de migrante. Los instrumentos o mecanismos que ha implementado el Estado Colombiano para flexibilizar la permanencia de los migrantes venezolanos en territorio colombiano y regularizar su condición. En efecto, con este estudio y análisis se logra comprender la posición institucional sobre la migración, especialmente, desde el rol de Estado Receptor, en el cual durante los años 2015-2020 implementó los siguientes: Permiso Especial de Permanencia – PEP, Permiso Especial Complementario de Permanencia- PECP, Permiso Especial de permanencia para el Fomento de la Formalización – PEPFF, Permiso de Ingreso y Permanencia de Tránsito Temporal PIP-TT. Colombia es el primer país en ampliar el marco de protección de los refugiados connotado en los derechos humanos por parte de las organizaciones internacionales, especialmente, dando plenitud a las disposiciones normativas que tratan el tema, evitando de esta forma la ambigüedad, el cual además de garantizar el acceso a los servicios esenciales les permite obtener un proceso con mayor estabilidad, pues en un periodo de diez (10) años se obtiene la visa de residente, siendo ésta la principal diferencia frente a los anteriores mecanismos de regularización implementados por el Estado Colombiano. Colombia es hoy un ejemplo de fraternidad, para América Latina y el Caribe al implementar el Estatuto Temporal de Protección ya que su innovación respecto a otros ordenamientos jurídicos, es trascendental; pues, surge como un instrumento que complementa el marco internacional sobre refugiados, logrando de esta manera darle plenitud a los vacíos que presentaba la normativa al respecto. Lo anterior aterrizándolo a la realidad propia del flujo migratorio, ya que, se atendió la capacidad de respuesta institucional y las demandas más apremiantes de los migrantes. Conclusiones: Las medidas adoptadas por el Estado colombiano reflejan un compromiso institucional a favor de los migrantes en condición irregular, sin desconocer la existencia de situaciones de xenofobia o discriminación presentadas en algunos casos.Ítem La investigación jurídica: reconociendo acciones normativas relevantes(Ediciones Univerisidad Simón Bolívar, 2018-08-15) Aguilar Barreto, Andrea Johana; Hernández Peña, Yurley Karime; Acosta Amador, Arturo; Gómez Trujillo, Carlos Arturo; Villamizar Osorio, Carlos Eduardo; Aguilar Barreto, Clara Paola; Parra Meaury, Claudia Eufemia; Vivas Mantilla, Claudia Katherine; Suárez, Diana Marcela; Palencia Ramos, Eduardo Antonio; Caicedo Rangel, Fabián Alberto; Orduz Gualdrón, Frank Steward; Rodríguez Manasse, German Alberto; Vallejo Herrera, Jhon Freydll; León Gómez, Joaquín Manuel; Garavito Patiño, José Joan; Bonilla Ayala, Juan Alexander; Hoyos Delgado, Leidy Katherine; Díaz Guecha, Leonardo Yotuhel; León García, Marcela Viviana; Mendoza, Mario Alberto; Fortoul Colmenares, Mauricio Antonio; Ochoa Pertuz, Melissa; Picón Carvajal, Michelle; Pulido Morales, Rafael; Flórez Hernández, Sandra Bonnie; Castillo Galvis, Sergio Hernando; Guevara, Wilmer; Aguilar Bautista, Yonatan Alejandro; Mariño Vergel, Yuleysy; Tenorio Melenje, Yury; Rojas Vargas, Zenyi NayithLa investigación más allá de la acertada generación de conocimiento, surge como medio idóneo para transformar la mentalidad y en consecuencia la sociedad. Partiendo de reconocer la investigación jurídica como la actividad intelectual que permite conocer, analizar y comprender el corpus iuris, su fundamento, desarrollado y evolución, para descubrir soluciones jurídicas pertinentes a las situaciones que mediante las normas se pretenden intervenir y reglar. Ello implica la necesidad de análisis profundos que permitan adecuar el ordenamiento jurídico a las dinámicas sociales. El presente documento presenta estudios que en este sentido analizan desde los ámbitos filosóficos, históricos y dogmáticos jurídicos situaciones problemáticas jurídicamente. En este sentido desde la constitución del estado social de derecho, la sociedad colombiana ha exigido su materialización de fuentes jurídicas en este sentido. Problemáticas doctrinales de la administración de justicia, de la estructuración jurídica de la familia y el afrontamiento del conflicto social, son entre otros.Ítem Materialización del debido proceso en los contratos de concesión minera suscritos a la luz de las leyes 80 de 1993 y 685 de 2001(Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2022) Botello Apolinar, Joan José; Patiño Sierra, Federico Adrián; Castillo Galvis, Sergio HernandoAntecedentes: El ordenamiento jurídico colombiano brinda ciertas potestades que, de algún modo, pueden desbalancear las relaciones contractuales entre el Estado y los particulares, siendo un caso específico el contrato de concesión minera, donde operan cláusulas excepcionales que pueden comprometer el significado del debido proceso, como principio y derecho fundamental, consagrado en distintos instrumentos jurídicos nacionales e internacionales. Objetivos: General: Analizar la materialización del debido proceso en los contratos de concesión minera suscritos a la luz de la Leyes 80 de 1993 y 685 de 2001. Específicos: Describir la composición estructural del debido proceso como derecho y principio aplicable en el derecho administrativo Determinar los elementos que identifican a los contratos de concesión minera conforme al contenido de las Leyes 80 de 1993 y 685 de 2001 Interpretar la relación práctica que se da entre los componentes del debido proceso y del contrato de concesión minera conforme al contenido de las Leyes 80 de 1993 y 685 de 2001. Materiales y Métodos: En cuanto al diseño metodológico, se tomó la corriente cualitativa propuesta por Martínez Miguélez (2010), puesto que procura la profundización enfatizada en comprender al problema en estudio, considerando sus particularidades, dinámicas y relaciones, desde sólidas bases epistemológicas, éticas, lógicas y jurídicas. Dicho enfoque científico, fue encauzado hacia el método hermenéutico del mismo autor, ya que involucra interpretar la realidad abordada estableciendo un diálogo organizado con las fuentes informativas, de donde puedan extraerse juicios contundentes y, hasta cierto punto, objetivos. Fue con esta estructura investigativa que el grupo de trabajo ahondó en la materialización del debido proceso en los contratos de concesión minera suscritos a la luz de las Leyes 80 de 1993 y 685 de 2001, teniendo en cuenta que a partir de ella es posible descomponer el texto legal y reflexionar sobre sus distintos elementos lógicos, teóricos, sociales y axiológicos. Resultados: lo que se propone en todo momento es que, desde distintos puntos, se garantice un proceso justo para la resolución de cualquier problema jurídico que, en efecto, ha de afectar los intereses de sus partes. Por tanto, el debido proceso, según los elementos que resaltan los referentes citados, encuentra su espíritu en poner fin a la arbitrariedad y el autoritarismo, lo cual evidencia la transición de modelos clásicos a un sistema verdaderamente fluido y justo, quedando en claro la diferencia entre el incompleto Estado de derecho y el Estado constitucional. Por tanto, se observó que, en la Constitución, los tratados internacionales, la legislación interna, la jurisprudencia constitucional y la doctrina, la definición de debido proceso, conforme a sus elementos estructurales, no es unitaria, pero sí lo es su espíritu, es decir, que sin importar la cantidad o clasificación de asuntos que hagan parte de esta garantía, existe consenso en que su fin es siempre la mediación de la justicia al momento de resolver cualquier problema jurídico, sea en sede judicial o administrativa. Conclusiones: el debido proceso es una entidad del derecho dotada de gran complejidad, sin embargo, sus componentes pueden identificarse al compartir un mismo fin de justicia entre partes, los cuales, se pueden ver comprometidos por las prerrogativas excepcionales que acompañan a todo contrato estatal, sin embargo, ese riesgo es mínimo en el contrato de concesión minera.Ítem Migración irregular y la garantía en el acceso a la administración de justicia: una visión desde el sistema jurídico colombiano y el Sistema Interamericano de DDHH(Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2021) Mendoza Castilla, Andrea Patricia; Colorado Granja, Harold Agripino; Figueroa Zambrano, Kellyn Dayan; Castillo Galvis, Sergio HernandoEl presente artículo de investigación realizó una exhibición conceptual de los términos migración irregular y garantía en el acceso a la administración de justicia dentro del marco del Sistema Jurídico Colombiano y el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIDH o CIDH); con el fin de comprender el abordaje de los instrumentos de acceso a la Administración de Justicia que tienen las personas que se encuentran en condición migratoria irregular en Colombia. La metodología empleada fue la inductiva, que inició desde el conjunto de normas sustantivas y procesales y la figura de la migración en el SIDH; posteriormente se analizó el fenómeno de la migración en Colombia 2015 – 2021 y la migración irregular en su concepto e impacto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR o ACNUR), finalmente, se determinaron las formas de acceso a la administración de justicia para la población migrante definidas en el ordenamiento jurídico colombiano, con el objetivo de establecer las posibles barreras para la obtención de la referida tutela judicial. Logrando concluir que sí existen mecanismos de acceso a la administración de justicia para personas en condición migratoria irregular en el ordenamiento jurídico interno y, que éstas se resumen en el Decreto 216 del 01 de marzo de 2021 “Por medio del cual se adopta el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos Bajo Régimen de Protección Temporal y se dictan otras disposiciones en materia migratoria”.