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Pronunciamientos jurisprudenciales constitucionales fuero por estabilidad laboral salud-procedimientos o garantías

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datacite.rightshttp://purl.org/coar/access_right/c_f1cf
dc.contributor.advisorRestrepo Pimienta, Jorge Luis
dc.contributor.authorRodríguez Palacio, Dayana Patricia
dc.contributor.authorRamírez Vargas, Yugeidis Isabel
dc.contributor.authorAltamar Herrera, Juan Pablo
dc.date.accessioned2025-12-12T15:02:58Z
dc.date.available2025-12-12T15:02:58Z
dc.date.issued2025
dc.description.abstractLas controversias jurídicas que rodean el reconocimiento de incapacidades, la protección del fuero de salud y la estabilidad laboral reforzada en Colombia evidencian tensiones entre la normatividad prestacional, las obligaciones de los empleadores y la garantía efectiva de los derechos fundamentales de los trabajadores. Estas tensiones se materializan, principalmente, en la negativa o demora de las EPS para reconocer incapacidades, la existencia de vacíos normativos en los periodos prolongados de incapacidad especialmente entre los 180 y 540 días y la terminación arbitraria de contratos laborales en situaciones de debilidad manifiesta (Corte Constitucional, 2017a). El análisis muestra que estas fallas administrativas y decisiones empresariales afectan de manera directa el mínimo vital, la salud y la dignidad humana, lo cual habilita la intervención constitucional inmediata mediante la acción de tutela, tal como lo ha reiterado la jurisprudencia en casos donde la omisión del reconocimiento prestacional compromete derechos fundamentales (Corte Constitucional, 2017b; Corte Constitucional, 2020). A su vez, la interrupción injustificada de la relación laboral, sin la autorización previa del Ministerio de Trabajo, constituye una vulneración del principio de estabilidad reforzada contemplado en el artículo 53 de la Constitución Política (1991) y desarrollado ampliamente por la jurisprudencia unificada (SU-049 de 2017). Asimismo, el estudio evidencia que la estabilidad laboral reforzada no depende de la modalidad contractual sino del estado de salud del trabajador, criterio reafirmado en decisiones como la T-040 de 2016, en la cual la Corte Constitucional determinó que incluso en vínculos por prestación de servicios existe protección reforzada cuando la persona enfrenta una condición que limita su capacidad laboral. Esta perspectiva garantiza que la formalidad contractual no se imponga sobre los principios de igualdad, dignidad humana y justicia material (Corte Constitucional, 2016). Finalmente, se concluye que el reconocimiento oportuno de incapacidades, la protección del fuero de salud y la preservación del vínculo laboral son elementos esenciales del derecho fundamental a la seguridad social, consagrado en los artículos 48 y 49 constitucionales y reforzado por la Ley Estatutaria de Salud 1751 de 2015. Por ello, cualquier obstáculo injustificado en la prestación económica o en la continuidad del empleo debe evaluarse bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad, garantizando la prevalencia de los derechos fundamentales sobre exigencias administrativas o decisiones empresariales.spa
dc.description.abstractThe legal controversies surrounding the recognition of disabilities, the protection of healthrelated job privileges, and reinforced job stability in Colombia highlight tensions between social security regulations, employer obligations, and the effective guarantee of workers' fundamental rights. These tensions mainly manifest in the refusal or delay by EPS (Health Promoting Entities) to recognize disabilities, the existence of regulatory gaps during prolonged disability periods especially between 180 and 540 days and the arbitrary termination of employment contracts in situations of evident vulnerability (Constitutional Court, 2017a). The analysis shows that these administrative failures and business decisions directly affect the basic standard of living, health, and human dignity, which allows for immediate constitutional intervention through the tutela action, as jurisprudence has repeatedly affirmed in cases where the omission of recognition. Likewise, the study shows that enhanced job stability does not depend on the type of contract but on the worker's health condition, a criterion reaffirmed in decisions such as T-040 of 2016, in which the Constitutional Court determined that even in service provision arrangements, enhanced protection exists when a person faces a condition that limits their work capacity. This perspective ensures that contractual formality does not override the principles of equality, human dignity, and substantive justice (Constitutional Court, 2016). Finally, it is concluded that the timely recognition of disabilities, the protection of health-related job security, and the preservation of the employment relationship are essential elements of the fundamental right to social security, enshrined in Articles 48 and 49 of the Constitution and reinforced by the Statutory Health Law 1751 of 2015. Therefore, any unjustified obstacle in the provision of economic support or in the continuity of the emp.eng
dc.format.mimetypepdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12442/17201
dc.language.isospa
dc.publisherEdiciones Universidad Simón Bolívarspa
dc.publisherFacultad de Ciencias Jurídicas y Socialesspa
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationaleng
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccess
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectFuero de saludspa
dc.subjectEstabilidad laboral reforzadaspa
dc.subjectIncapacidadesspa
dc.subjectDebilidad manifiestaspa
dc.subjectDerechos fundamentalesspa
dc.subjectJurisprudencia constitucionalspa
dc.subject.keywordsHealth jurisdictioneng
dc.subject.keywordsReinforced job stabilityeng
dc.subject.keywordsIncapacity benefitseng
dc.subject.keywordsTutelaeng
dc.subject.keywordsFundamental rightseng
dc.subject.keywordsJurisprudenceeng
dc.titlePronunciamientos jurisprudenciales constitucionales fuero por estabilidad laboral salud-procedimientos o garantíasspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/other
dc.type.spaOtros
dcterms.referencesCongreso de la República de Colombia. (1993). Ley 100 de 1993. Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral.spa
dcterms.referencesCongreso de la República de Colombia. (2007). Ley 1122 de 2007. Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.spa
dcterms.referencesCongreso de la República de Colombia. (2011). Ley 1438 de 2011. Por medio de la cualse reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud.spa
dcterms.referencesCongreso de la República de Colombia. (2015). Ley Estatutaria 1751 de 2015. Por la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones.spa
dcterms.referencesCongreso de la República de Colombia. (2019). Ley 1949 de 2019. Por la cual se adicionan y modifican algunos artículos de la Ley 1122 de 2007 y la Ley 1438 de 2011.spa
dcterms.referencesConstitución Política de Colombia. (1991). Gaceta Constitucional No. 116.spa
dcterms.referencesCorte Constitucional de Colombia. (2001). Sentencia T-1040 de 2001 [M.P. Rodrigo Escobar Gil].spa
dcterms.referencesCorte Constitucional de Colombia. (2006). Sentencia T-198 de 2006 [M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra].spa
dcterms.referencesCorte Constitucional de Colombia. (2008). Sentencia T-760 de 2008 [M.P. Manuel José Cepeda Espinosa].spa
dcterms.referencesCorte Constitucional de Colombia. (2013). Sentencia T-333 de 2013 [M.P. Luis Ernesto Vargas Silva].spa
dcterms.referencesCorte Constitucional de Colombia. (2014). Sentencia C-313 de 2014 [M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo].spa
dcterms.referencesCorte Constitucional de Colombia. (2016). Sentencia T-040 de 2016 [M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado].spa
dcterms.referencesCorte Constitucional de Colombia. (2017a). Sentencia SU-049 de 2017 [M.P. María Victoria Calle Correa].spa
dcterms.referencesCorte Constitucional de Colombia. (2017b). Sentencia T-446 de 2017 [M.P. José Fernando Reyes Cuartas].spa
dcterms.referencesCorte Constitucional de Colombia. (2020a). Sentencia T-268 de 2020 [M.P. Alberto Rojas Ríos].spa
dcterms.referencesCorte Constitucional de Colombia. (2020b). Sentencia T-523 de 2020 [M.P. Diana Fajardo Rivera].spa
dcterms.referencesCorte Constitucional de Colombia. (2022). Sentencia T-369 de 2022 [M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera].spa
dcterms.referencesDepartamento Administrativo de la Función Pública. (2024). Concepto 024961 de 2024.spa
dcterms.referencesMinisterio de Salud y Protección Social. (2016). Decreto 780 de 2016. Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social.spa
dcterms.referencesMinisterio del Trabajo. (1950). Código Sustantivo del Trabajo.spa
dcterms.referencesPresidencia de la República de Colombia. (1991). Decreto 2591 de 1991. Por el cualse reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.spa
dcterms.referencesSuperintendencia Nacional de Salud. (2024). Concepto Jurídico 2024424001742752 de 2024. Corte Constitucional de Colombia. (2020). Sentencia T-268 de 2020. M.P. Alberto Rojas Ríos.spa
dcterms.referencesCongreso de la República. (1993). Ley 100 de 1993. Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral.spa
dcterms.referencesCongreso de la República. (2015). Ley Estatutaria 1751 de 2015. Por la cual se regula el derecho fundamental a la saludspa
dcterms.referencesMinisterio de Salud y Protección Social. (2016). Decreto 780 de 2016. Decreto Único Reglamentario del Sector Salud.spa
oaire.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
sb.investigacionReglamentación y estudio de situaciones problemáticas del Derecho Laboral y de la Seguridad Socialspa
sb.programaEspecialización en Derecho Laboral y Seguridad Socialspa
sb.sedeSede Barranquillaspa

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