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dc.contributor.authorManga Mejía, Hinda del Carmen
dc.date.accessioned2020-05-25T20:12:29Z
dc.date.available2020-05-25T20:12:29Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12442/5747
dc.description.abstractEs una realidad que desde hace muchos años, el país se encuentra atravesando una grave. Crisis institucional y de orden público, que se escapa de las manos del poder jurisdiccional y dada su continuidad y peligrosidad no se puede esperar a que el Legislador ordinario, lo afronte pretendiendo regularla o combatirla. Es una labor, que corresponde única y exclusivamente al ejecutivo, ya que toca los cimientos de la estructura económica, social y política del Estado. La gravedad del conflicto, su naturaleza, inhiben que las demás ramas, fuera de colaborar, enfrente con sus mecanismos las divisas posibilidades devolución. Pero la 'respuesta del ejecutivo constituye un grave desacierto al creer que la expedición de legislaciones a granel cada vez que un hecho grave conmueve a la nación constituye la solución: Y eso es lo que desafortunadamente está ocurriendo en Colombia. Algunos hechos graves perturbaron la tranquilidad pública, se procedió a decretar el estado de sitio, en virtud de las facultades que al Presidente otorga el Artículo 121 de la C. N. Los hechos perturbadores que produjeron inicialmente utilizando determinados medios de locomoción, se dictan normas para regular y restringir, el uso de tales medios. Se determinó que una de las formas delictivas combatidas en los decretos es la del narcotráfico, y se ha elaborado, una montaña de disposiciones confusa sobre el particular. Para realizar sus actividades ilícitas, los responsables se valieron de aviones, helicópteros etc., había entonces que dictar normas que restringiera la utilización de tales aparatos. Se ordena el decomiso de los mismos la destrucción de pistas de aterrizajes y todo lo que tenga relación con estas, acciones. El aumento de la delincuencia, muestra la insuficiencia cualitativa y cuantitativa de funcionario, se ordena la creación de numerosas plazas para jueces a los cuales se les llaman especializadas y de orden público. Mira el Gobierno la eterna triste realidad de la justicia y procede a destinar fondos para la protección y la seguridad de los jueces, como si esa obligación no fuera una conatente en tiempo de paz y de conmoción del orden público Bienes y objetos que interesaban para la defensa de la nación a las fuerzas militares, pero que no habían podido rías, llegar por dificultades burocráticas y arancelarias son entregadas rápidamente, sin el pago de los respectivos impuestosspa
dc.format.mimetypepdfspa
dc.language.isospaspa
dc.publisherEdiciones Universidad Simón Bolívarspa
dc.publisherFacultad de Ciencias Jurídicas y sociales.spa
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectOrden púbicospa
dc.subjectNormasspa
dc.subjectLeyesspa
dc.titleComentarios a las normas del orden públicospa
dc.typeOtherspa
sb.sedeSede Barranquillaspa
sb.programaDerechospa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessspa
oaire.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionspa
dc.type.driverOtherspa


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