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dc.rights.licenselicencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
dc.contributor.authorMiranda Infante, Rafael Junior
dc.contributor.authorGarzón Gómez, Rubén Darío
dc.contributor.authorCelín Sarabia, Sergio Mauro
dc.contributor.authorPacheco Páez, Edgardo Félix
dc.date.accessioned2018-08-01T22:30:07Z
dc.date.available2018-08-01T22:30:07Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12442/2215
dc.description.abstractColombia es un país que se caracteriza por ser un Estado Social de Derecho, así lo establece la Constitución política (1991): Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general (Art. 1). Es por ello que las políticas en este país se fundamentan en la protección de la dignidad humana y los derechos fundamentales de cada individuo. El Estado debe trabajar en pos de mejorar la calidad de vida de cada persona, además de buscar o adecuar un desarrollo sostenible para el país, tanto en lo educativo, económico, la salud y lo social, estopara que las personas puedan desarrollar sus derechos y gozar de una vida con calidad. Por tanto, Colombia se caracteriza por ser un país democrático, donde cada persona a la hora de elegir a sus representantes lo hace libremente, de una manera secreta y sin ninguna clase de constreñimiento, puesto que cada persona estudia los programas de gobierno de cada representante, y a la mejor que se adecue sus necesidades y expectativas, es por la que elegirá, por medio del voto. Así mismo la Carta Magna, designa que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares” (Constitución Politica, 1991, artículo 2°). Los funcionarios públicos tienen un deber con el pueblo colombiano, el cual es el protegerlo, y cumplir con lo ordenado dentro de la Constitución.spa
dc.language.isospaspa
dc.publisherEdiciones Universidad Simón Bolívarspa
dc.publisherFacultad de Ciencias Jurídicas y Socialesspa
dc.subjectCorrupciónspa
dc.subjectDesarrollospa
dc.subjectEntidades territorialesspa
dc.subjectEstado socialspa
dc.subjectDerecho constitucionalspa
dc.titleLa corrupción estatal como óbice en el desarrollo de Colombiaspa
dc.typeOtherspa
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sb.sedeSede Barranquillaspa
sb.programaDerechospa
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