Arrieta Cerro, Judith AliciaAraujo Coronel, Jesus EduardoRomero Prestan, Carlos Jose2020-05-272020-05-271992https://hdl.handle.net/20.500.12442/5805como estado social de derecho ha velado, así hay asido en la teoría, de que sus normas vigentes obliguen a todos los residentes de su territorio, ya sean estos nacionales o extranjeros a someterse a la constitución y a las obligaciones nacionales, igualmente están obligados con mayor razón los funcionarios, los seres visibles de todo un engranaje llamado gobierno. Así pues no puede ningún funcionario conceder plazos ni aceptar disculpas, a los obligados por ley, para que la cumplan sin sufrir las consecuencias lógicas de todo transgresor de una norma. El estado desde siempre, ha tenido al trabajo entre los grandes derroteros para cumplir con sus fines; buscar el bienestar y desarrollo de sus gentes. Ningún gobierno osaría ejecutar su política sin tener en cuenta el principio fundamental de que tiene todo hombre a laborar, buscando una realización personal y familiar y además una identidad plena en la sociedad. La nación, tiene sus herramientas sustentadas en la ley, reflejo de necesidades sociales que han surgido, muchas veces como paliativo a una pésima planificación en el ordenamiento jurídico, concretizado en el código sustantivo y procesal del trabajo, cuya finalidad se establece como principio general en el artículo primero de los decretos 2663 y 3343 de 1950 “la finalidad de este código es la de lograrla justicia en las relaciones que surgen entre patronos y trabajadores dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social”.pdfspaAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 InternacionalChoferesDerecho laboralservicio públicoOtherinfo:eu-repo/semantics/closedAccess