Jimenez, Francisco JoseMogollón, AlfonsoColpas Gutiérrez, Pedro Pastor2020-04-222020-04-221994https://hdl.handle.net/20.500.12442/5131La Ley 81 de 1993 introdujo varias modificaciones al Código de Procedimiento Penal que entró a regir el 1°. de julio de 1992. Aparentemente, pueda afirmarse que Colombia ha incurrió en el error de modificar sucesivamente las normas procesales, generando total inseguridad jurídica y necesariamente incertidumbre entre quienes administran justicia y participan en el proceso penal para poder determinar qué disposiciones legales se encuentran vigentes, si se tiene en cuenta que, ordinariamente, el legislador utiliza la fórmula de derogatoria tácita que se consideran contrarios a la normatividad que se expide, pero en ningún caso ha empleado el sistema de la derogatoria expresa para precisar qué normas son contrarias, y no dejar al criterio del intérprete esta determinación. La Constitución Colombiana incluyó en su normatividad múltiples normas que tienen incidencia en el desarrollo del proceso penal. La interpretación de las normas adjetivas o de ritualidad no pueden hacerse partiendo simplemente del contenido empleando el método exegético, ni tampoco pretendiendo determinar su alcance dentro de principios que informan un específico sistema procesal, llámese inquisitivo, acusatorio o mixto.pdfspaAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 InternacionalLey 100 de 1993Derecho penalOtherinfo:eu-repo/semantics/closedAccess