Almanza-Iglesia, MauryMartínez Ochoa, Oscar Junior2025-05-052025-05-052025https://hdl.handle.net/20.500.12442/16531El principio de oportunidad es un mecanismo clave en la política criminal del Estado que autoriza a la fiscalía general de la Nación prescindir de la acción penal en situaciones específicas, basándose en la evaluación de criterios como la severidad del delito y el interés de la justicia. Este ha sido definido como una figura que permite que el fiscal no ejerza la acción penal, a pesar que existen fundamentos para ello, en nombre de la política criminal que establece formas más eficientes de gestionar los procesos judiciales. Su objetivo está encaminado a permitir que los recursos judiciales se enfoquen en delitos de mayor gravedad, asegurando un uso eficiente de los mismos y evitando la congestión en los procesos judiciales. Sin embargo, aunque en teoría el principio de oportunidad parece beneficiar a las víctimas por la celeridad de los procesos, en el presente ensayo se cuestiona su efectividad y su impacto real en sus derechos, ya que en la actualidad se da prioridad a la eficiencia del sistema sobre la justicia para las víctimas. A esto se suma que algunos fiscales pueden inclinarse por implementar el principio de oportunidad sin tener en cuenta adecuadamente el impacto en las víctimas y su derecho a una reparación integral. El ensayo propone varias recomendaciones para mejorar la implementación del principio de oportunidad y asegurar que los derechos de las víctimas sean protegidos. En primer lugar, se sugiere una revisión de las políticas criminales para que sean más justas y equitativas, evitando favorecer a los imputados a expensas de las víctimas. Establecer límites claros y razonables en la aplicación del principio es crucial. Asimismo, se recomienda la creación de estadísticas que reflejen la reparación a las víctimas y el impacto de la aplicación del principio de oportunidad, lo cual facilitaría un mejor seguimiento y evaluación de su efectividad en la práctica.The principle of opportunity is a key tool in the State's criminal policy, allowing the Attorney General's Office to refrain from pursuing criminal proceedings in specific situations, based on an assessment of criteria such as the seriousness of the crime and the interests of justice. It has been defined as a mechanism that allows the prosecutor to refrain from pursuing criminal proceedings, even when there are grounds for doing so, in the name of a criminal policy that establishes more efficient ways of managing judicial processes. Its objective is to allow judicial resources to focus on more serious crimes, ensuring their efficient use and avoiding congestion in judicial proceedings. However, although in theory the principle of opportunity appears to benefit victims by speeding up proceedings, this essay questions its effectiveness and its actual impact on their rights, as the efficiency of the system is currently prioritized over justice for victims. Furthermore, some prosecutors may choose to apply the principle of opportunity without adequately considering the impact on victims and their right to full reparation. The essay proposes several recommendations to improve the application of the principle of opportunity and ensure that victims' rights are protected. First, it suggests a review of criminal justice policies to make them more fair and equitable, avoiding favoring defendants at the expense of victims. Establishing clear and reasonable limits on the application of the principle is crucial. It also recommends the creation of statistics that reflect victim reparations and the impact of applying the principle of opportunity, which would facilitate better monitoring and evaluation of its effectiveness in practice.pdfspaAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 InternationalPrincipio de oportunidadVíctimasJusticiaReparaciónDerechosinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessinfo:eu-repo/semantics/otherOpportunity principleVictimsJusticeReparationRights