Díaz Rincón, Sandra VivianaBorrero Cárdenas, KellyNavarro Díaz, Néstor2022-04-042022-04-042021https://hdl.handle.net/20.500.12442/9511Antecedentes: Según Mayorga (2015), con la Constitución Política de Colombia se ha logrado una mayor garantía en relación al sistema penitenciario y carcelario, con lo que se ha promulgado el Estado Social de Derecho en pro de la dignidad humana (Mayorga, 2015). Las leyes avaladas han sido impulsadas por instrumentos jurídicos internacionales, especialmente los promulgados por la ONU (Derechos Humanos, 1955). Como base se promulgó la Ley 742/2000, como elemento importante en el alcance de las atribuciones del sistema penitenciario y carcelario según el Código Penal (Codigo Penal, 2000). Objetivos: En el marco de estudio e investigación de este proyecto, se ha establecido como objetivo principal, la identificación de los factores jurídicos y política criminal que han influido directamente en el sistema carcelario y penitenciario colombiano desde el año 2000. A través de este objetivo se pretende en conocer los planes estratégicos por parte de las instituciones autorizadas para asegurar los derechos humanos de los privados de libertad proporcionalmente con el desarrollo estructural de modelos y sistemas en el ámbito social, económico, cultural, educativo. Materiales y Métodos: La metodología utilizada, siendo una ciencia social jurídica transicional de acuerdo a los postulados jurídicos, refleja un paradigma cualitativo de estudio histórico hermenéutico, documentado en bases legales de instituciones jurídicas en el campo del derecho penal. Las herramientas utilizadas se basan en la recolección documental de información vinculada a un método inductivo. La metodología utilizada permite el análisis crítico de la documentación sistematizada de bibliografía, en especial, de las autoridades superiores que pueden exponer contenido pertinente. Resultados: A través de una presentación de los objetivos de estudio, donde se involucran antecedentes de investigación, analizando distintas concepciones de la problemática, soportado por Aristizábal J, Briceño C, Congote A, et al (2019), en su “Informe de Derechos Humanos del Sistema Penitenciario en Colombia (2017- 2018)”, en el cual se exponen las sentencias vinculadas al estado de las cosas inconstitucional citando a la Corte Constitucional en su sentencia T-388/2013, declarando al estado de las cosas como inconstitucional, desde el punto de vista penitenciario, tratando de superar las condiciones en las que vivían los reclusos, expidiéndose ordenes generales y puntuales para superar esta situación. De igual forma, en la sentencia T-762/2015 (Corte Constitucional , 2015), se reiteró el estado de cosas inconstitucional. Con la sentencia T-388/2013, se hizo un resumen de las violaciones de los derechos a los privados de libertad, reiterándose el estado de derecho de la sentencia T-388/2016, con lo que se refleja el incremento del hacinamiento en los centros penitenciarios, como la aplicación de una política criminal reactiva de carácter populista y de poca reflexión (Aristizabal, Biceño & Congote, 2019). Conclusiones: Es importante mencionar que las dificultados desde las instituciones educativas, medios de comunicación y del cuerpo penal penitenciario para humanizar las cárceles, afectan la reinserción social de los privados de libertad, lo que puede influir en la actitud del reo para cambiar su conducta delictiva. Esto evidentemente, incide en el proceso de reinserción social aumentando la reincidencia penitenciaria que, a su vez, incrementa en el hacinamiento. Otro elemento de incidencia es el temor de los cuerpos policiales y su involucramiento en las bandas delictivas, que impiden garantizar los derechos de la población privada de libertad, donde muchas veces se ven amenazados de muerte en los mismos recintos.Background: According to Mayorga (2015), with the Political Constitution of Colombia a greater guarantee has been achieved in relation to the penitentiary and prison system, with which the Social Rule of Law has been promulgated in favor of human dignity (Mayorga, 2015). The endorsed laws have been promoted by international legal instruments, especially those promulgated by the UN (Human Rights, 1955). As a basis, Law 742/2000 was promulgated, as an important element in the scope of the powers of the penitentiary and prison system according to the Penal Code (Penal Code, 2000). Objective: Within the study and research framework of this project, the main objective has been established to identify the legal factors and criminal policy that have directly influenced the Colombian prison and penitentiary system since 2000. Through this The objective is to know the strategic plans by the authorized institutions to ensure the human rights of those deprived of liberty in proportion to the structural development of models and systems in the social, economic, cultural and educational fields. Materials and Methods: The methodology used, being a transitional legal social science according to legal postulates, reflects a qualitative paradigm of hermeneutical historical study, documented in legal bases of legal institutions in the field of criminal law. The tools used are based on the documentary collection of information linked to an inductive method. The methodology used allows critical analysis of the systematized documentation of bibliography, especially of higher authorities that can present relevant content. Results: A través de una presentación de los objetivos de estudio, donde se involucran antecedentes de investigación, analizando distintas concepciones de la problemática, soportado por Aristizábal, Briceño y Congote et al (2019), en su “Informe de Derechos Humanos del Sistema Penitenciario en Colombia (2017-2018)”, en el cual se exponen las sentencias vinculadas al estado de las cosas inconstitucional citando a la Corte Constitucional en su sentencia T-388/2013, declarando al estado de las cosas como inconstitucional, desde el punto de vista penitenciario, tratando de superar las condiciones en las que vivían los reclusos, expidiéndose ordenes generales y puntuales para superar esta situación. De igual forma, en la sentencia T-762/2015 (Corte Constitucional , 2015), se reiteró el estado de cosas inconstitucional. Con la sentencia T-388/2013, se hizo un resumen de las violaciones de los derechos a los privados de libertad, reiterándose el estado de derecho de la sentencia T-388/2016, con lo que se refleja el incremento del hacinamiento en los centros penitenciarios, como la aplicación de una política criminal reactiva de carácter populista y de poca reflexión (Aristizabal, Biceño & Congote, 2019). Conclusions: Given the results presented, it can be analyzed in contrast to the authors studied, relevant aspects that involve not only society, but also criminal circles that threaten the coexistence and peace of Colombians. According to Ulloa (2015), the penal, penitentiary and prison system has gone through different stages with difficult improvement processes both in intramural application and in crime prevention. However, from within the Political Constitution of 1991, it seeks to provide protection to those deprived of liberty focused on the defense of their human rights and the development of due process. State bodies, especially the Constitutional Court, have established guidelines for such protection.pdfspaAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 InternacionalCárcelesDelitoDerechoLibertadPolíticaPenitenciarioPrisonsCrimeLawLibertyPoliticsPenitentiaryinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccessinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis