Rodríguez Serpa, Ferney AsdrúbalArrieta Palis, ClaudiaGamboa Mercado, ValeriaZapa Prada, Angie2025-07-222025-07-222025https://hdl.handle.net/20.500.12442/16869En el ámbito de la justicia en Colombia se han producido cambios importantes en los métodos empleados para llevar a cabo la notificación personal debido a la introducción de tecnologías de la información y las comunicaciones. A raíz de la promulgación del Decreto 806 de 2020 y su posterior incorporación permanente mediante la Ley 2213 de 2022, se ha establecido la obligatoriedad de utilizar medios digitales como el correo electrónico para realizar estas notificaciones; todo ello en aras de lograr una mayor eficiencia y rapidez en dichos procesos. Sin embargo, esta transición ha causado tensiones significativas en cuanto a las garantías procesales, particularmente en lo que respectan al derecho de defensa, la contradicción y la transparencia. Aún hay dudas sobre la eficiencia real de las notificaciones electrónicas, sobre todo cuando las personas notificadas se enfrentan a obstáculos como la falta de acceso a internet, el nivel de alfabetización digital y dificultades técnicas que afectan la comprensión y recepción de las resoluciones judiciales. La jurisprudencia ha reconocido la coexistencia de sistemas presenciales y virtuales en el ámbito judicial y también la aceptación de herramientas como el correo de WhatsApp siempre que se asegure que el destinatario tenga un conocimiento efectivo de la comunicación recibida. En este contexto es esencial examinar si la utilización de tecnologías realmente facilita una comunicación judicial eficiente y justamente equitativa o si más bien representan una nueva forma de exclusión en los procesos legales. El estudio pretende fomentar reflexiones sobre cómo armonizar la innovación tecnológica y las garantías constitucionales poniendo especial énfasis en lograr un acceso real a la justicia.In Colombia's justice system, significant changes have taken place in the methods used for personal notifications due to the adoption of information and communication technologies. With the enactment of Decree 806 of 2020 and its permanent incorporation through Law 2213 of 2022, the use of digital means—such as email—has become mandatory to enhance efficiency and speed in judicial processes. However, this shift has raised concerns regarding procedural guarantees, particularly the rights to defense, contradiction, and transparency. Questions remain about the actual effectiveness of electronic notifications, especially when individuals face barriers such as lack of internet access, low digital literacy, or technical difficulties that impede the proper understanding and reception of judicial decisions. Jurisprudence has acknowledged the coexistence of both virtual and in-person systems, and even the use of tools like WhatsApp has been accepted, provided it ensures that recipients are effectively informed. In this context, it is crucial to assess whether these technologies truly promote equitable and efficient judicial communication or if they introduce new forms of exclusion, thus prompting a deeper reflection on how to reconcile technological innovation with constitutional guarantees to ensure real access to justice.pdfspaAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 InternationalNotificación personalJusticia digitalDebido procesoTecnologías de la informaciónGarantías procesalesinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessinfo:eu-repo/semantics/otherPersonal notificationDigital justiceDue processInformation technologiesProcedural guarantees