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Examinando Trabajos de investigación por Programa "Especialización en Derecho Constitucional"
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Ítem Análisis de la participación de las víctimas en la JEP y su protección constitucional: estudio de la Sentencia C-538 de 2019(Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2005) Orozco Llerena, Juan Carlos; Charris Escobar, Adalgiza HelenaLa Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia, componente clave del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), fue creada como parte del proceso de justicia transicional establecido en los acuerdos de paz de 2016. Este modelo se basa en la participación activa de las víctimas, quienes son reconocidas como el centro del proceso de reparación y reconciliación. A través de principios orientadores, la JEP busca garantizar los derechos de las víctimas, incluyendo la verdad, la justicia y la no repetición, en el marco de un sistema excepcional y fundamentado en estándares internacionales. La Sentencia C-538 de 2019 de la Corte Constitucional se considera un hito en la protección de los derechos de las víctimas dentro de la JEP. En esta decisión, la Corte valida la participación activa de las víctimas y establece garantías procesales que refuerzan su derecho a la reparación integral y su acceso a la verdad y justicia. Sin embargo, existen desafíos relacionados con la implementación de estas garantías, como barreras institucionales, violencia persistente y limitaciones presupuestarias, que dificultan la efectividad del sistema en la práctica. Este ensayo se enfoca en analizar los alcances y limitaciones de la Sentencia C- 538 de 2019, destacando su papel en la protección constitucional de las víctimas y su impacto en la participación efectiva dentro de la JEP. A través de un enfoque analítico cualitativo, se busca comprender cómo la sentencia contribuye al fortalecimiento de los principios constitucionales de acceso a la justicia, igualdad y dignidad humana en un país en transición hacia la paz. Se argumenta que, aunque la JEP ha sido innovadora en su enfoque, sigue enfrentando retos significativos en garantizar una verdadera participación de las víctimas en los procesos judiciales. La Sentencia C-538 refuerza la importancia de esta participación como un elemento legitimador del sistema de justicia transicional, pero aún persisten obstáculos que deben ser superados para asegurar la consolidación de la paz y la reconciliación en Colombia. En conclusión, se puede determinar que a través del análisis realizado en el ensayo revela que, aunque se han logrado algunos avances en las garantías para las víctimas en el contexto de la justicia transicional en Colombia, aún persisten incertidumbres respecto a su concreción. A pesar de que los pronunciamientos actuales responden en parte a las solicitudes de organizaciones de derechos humanos, la participación de las víctimas en los procedimientos clave del Tribunal para la Paz sigue siendo incierta. Las garantías relacionadas con la verdad, la responsabilidad y la reparación aún requieren una mayor definición y avance. Finalmente, el Acuerdo ha procurado un enfoque diferencial en la participación de los grupos más afectados por el conflicto, con el objetivo de garantizar una protección efectiva en el marco de la JEP. A pesar de los vacíos normativos en los últimos años, se han logrado avances normativos que permiten fortalecer la participación efectiva y la protección de las víctimas dentro del sistema de justicia transicional.Ítem El bloque de constitucionalidad como herramienta de protección de los derechos humanos de los grupos indígenas del cauca(Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2025) López Charris, Ayled Paola; Oliveros Canchila, Harold; Fernández Goenaga, Tomas; Puello Galvis, Yarelis; Charris Escobar, Adalgiza HelenaEl bloque de constitucionalidad en Colombia, que integra tratados internacionales de derechos humanos a la Constitución, se ha configurado como una herramienta legal fundamental para la protección de los derechos de los grupos indígenas, especialmente en el departamento del Cauca. Este concepto jurídico amplía el alcance de la Constitución, incorporando instrumentos como el Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, otorgándoles jerarquía constitucional. Estos instrumentos reconocen derechos cruciales para los pueblos indígenas, incluyendo la libre determinación, la protección de su identidad cultural y territorial, y el derecho a la consulta previa ante medidas que les afecten (Carpio, 2005). A pesar de este marco legal robusto, la situación de derechos humanos de los grupos indígenas en el Cauca es crítica. La región se ve afectada por la presencia de grupos armados, conflictos territoriales y economías ilegales, lo que resulta en graves violaciones como homicidios, amenazas, desplazamientos y reclutamiento forzado. Líderes indígenas y la Guardia Indígena, un mecanismo de protección comunitaria, son particularmente vulnerables (Indepaz, 2021). Los informes de la Defensoría del Pueblo (s.f.) evidencian una negligencia sistémica en la protección de los derechos de los indígenas en el Cauca. Se han documentado casos de falta de protección adecuada por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), dificultades en el acceso a programas de protección y un cumplimiento limitado de los acuerdos alcanzados en procesos de consulta previa. La Defensoría ha emitido numerosas alertas tempranas sobre los riesgos que enfrentan las comunidades indígenas en el Cauca, pero la efectividad de la respuesta estatal a estas alertas es cuestionable (Poveda, 2022). La aplicación efectiva del bloque de constitucionalidad en el Cauca se ve obstaculizada por la falta de voluntad política, la influencia de intereses económicos en la tierra y los recursos naturales, la debilidad institucional, la discriminación contra los pueblos indígenas y el conflicto armado en curso. Estos factores impiden que las herramientas legales disponibles se traduzcan en una protección real y tangible para las comunidades indígenas del Cauca (ACNUR, 2011). Para mejorar la situación, se requiere un compromiso gubernamental más firme, abordando la negligencia estatal y fortaleciendo la rendición de cuentas. Es necesario regular las actividades económicas para evitar la infracción de los derechos indígenas, mejorar la capacidad institucional y la coordinación entre agencias, combatir la discriminación y buscar una resolución pacífica al conflicto armado. Asimismo, se deben fortalecer los procesos de consulta previa y garantizar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados (Ferrer, 2016). El papel fundamental de la Defensoría del Pueblo (2022) debe ser respaldado y sus alertas tempranas deben generar respuestas efectivas por parte del Estado. En última instancia, la plena aplicación del "Bloque de Constitucionalidad," con un enfoque en las necesidades y derechos específicos de los pueblos indígenas del Cauca, es esencial para garantizar su protección y bienestar.Ítem Impacto de la prohibición de vehículos de tracción animal en Barranquilla: implicaciones sociales, económicas y ambientales(Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2025) Cárdenas Pedrozo, Juan Camilo; Castro Díaz, Claudia Patricia; Mejía Fontalvo, Francisco Antonio; Pacheco Lechuga, Jorge Armando; Charris Escobar, Adalgiza HelenaEl presente estudio analiza el impacto de la prohibición de vehículos de tracción animal en Barranquilla, centrándose en sus implicaciones sociales, económicas y ambientales. El objetivo principal es evidenciar cómo esta campaña pública afecta a una población vulnerable, como lo es el gremio de los carro muleros, y contribuir a la comprensión de los derechos fundamentales constitucionales que se les estarían vulnerando. Tenemos que saber que este decreto lo que proyecta es remplazar estos animales de carga por un automotor, el cual tendría algunos temas en los que muchas personas pertenecientes al gremio de carro muleros tendrían dificultades, teniendo en cuenta que un automotor necesita de muchas cosas para su sostenimiento, como son combustible, pólizas, licencias y demás partes mecánicas que se deben llevar con cuidado para el sostenimiento del automotor a través de los años. Que esta herramienta de trabajo que les seria entregada a estas personas con el paso del tiempo no vaya a tener problemas, y no poder hacer un buen uso de este, el que sería para su sostenimiento como una herramienta de trabajo efectiva. También en como este afectaría la economía de este gremio el cual tendrían que empezar a preocuparse cuando llegue el momento de renovar ciertos documentos (Soat, Tecno mecánica, licencia de conducir, impuestos, etc.), y que, si al momento de renovarlos no tenga la capacidad económica, estos no podrían salir por las calles a ejercer su labor libremente como lo vienen haciendo con su semoviente. Asimismo, se aborda la calidad de vida que recibirán los semovientes (animales de carga) una vez sean entregados a la alcaldía, y cómo esta entidad gestionará su bienestar mediante campañas de adopción para los semovientes. Y es que estos animales son un beneficio para el medio ambiente, y específicamente en como su excremento puede ser bien utilizado como fertilizante, en el que este, es muy rico para darles los nutrientes necesarios a las plantas para su crecimiento y tener una resiliencia de los ecosistemas el cual nos brindan más oxígeno. También examina cómo otras administraciones han implementado esta política pública, evaluando su efectividad en la mejora de la calidad de vida tanto de los carro muleros como de los animales, teniendo en cuenta como la Corte Constitucional a través de sus sentencias acobija al gremio para que estos hagan un goce efectivo de sus Derechos Fundamentales Constitucionales. Finalmente, el proyecto contempla una ponderación de Derechos, con el fin de identificar los Derechos vulnerados y cual tendría mayor prevalencia, al entender todo el entorno que conlleva a tal situación y tener una mejor óptica del tema al momento de argumentar sobre este, el cual está teniendo unas etapas que no han sido de una manera efectiva para las partes intervinientes en toda esta campaña que se empieza a desenvolver para llevar a cabo todo el retiro del gremio de carro muleros. Es de vital importancia que a través de esta campaña se deben llevar unos lineamientos lo cuales se tienen que cumplir a cabalidad para que esta pueda ser implementada en su totalidad, evitando que su promulgación afecte directamente los Derechos Fundamentales de las partes involucradas.